Por: Fare Suárez Sarmiento.
Aún se discute sobre la autoría del apotegma: “más vale morir de pie que vivir de rodillas”. Desde su aparición en los contextos revolucionarios se le ha atribuido a Ernesto Guevara de La Serna dado su papel protagónico en la Revolución Cubana; también el nombre de la dirigente comunista española Dolores Ibárruri ha desfilado entre las barajas desde su activismo durante la guerra civil española. No obstante, la enjundia y el fervor de lucha contra la injusticia incluso a costa de la vida, le valieron a Emiliano Zapata los honores para reconocerle la autoría de la frase. Aunque con otra mirada, diferente perspectiva histórica y condiciones endógenas apremiantes, los Marchantes del sesenta y seis también contribuirían a darle más brillo al estante donde la historia ha conservado las barajas. Tal vez osamos incluirlos en la enciclopedia histórica por la transformación exponencial que produjo su travesía hasta la capital de la República. Aunque la connotación en materia de logros es diferente, no se considera menos valiosa puesto que revolucionó los cimientos de un sistema inauténtico, producto del sentimiento xenófilo profesado por la élite criolla. Así, el centralismo dirigía y fiscalizaba todo el presupuesto del aparato educativo cuyos recursos para colmar los gastos administrativos y docente eran tutelados por los departamentos y los municipios. No hay que realizar operaciones de análisis complejas para inferir el nivel de postración financiera y la ruina administrativa de lugares donde hasta a Dios le costaba trabajo llegar; a otros, ni siquiera lo lograba. Pero la educación no constituía una fuente que movilizara al país nacional; de tal suerte que la rentabilidad infodémica captada por la prensa provenía del fútbol, de las ferias y los reinados y de los chismes de farándula. La educación pública no era invitada a las conversaciones de cócteles, mucho menos se le permitía tocar las puertas del Congreso.
Hoy podría pensarse que ese luto guardado durante décadas por el magisterio del departamento del Magdalena obedecía al magnetismo de la desidia e indiferencia que nos había mantenido soporizados, anoréxicos y que nos valía el desmérito de los cachacos al considerarnos perezosos, adictos al conformismo. Claro que se tuvieron que tragar sus creencias cuando el espíritu agonista de un entusiasta grupo de maestros inició el proceso de análisis revolucionario en procura del cese de la horrible noche. ¡Y marcharon! ¡Y lo lograron!
El inicio, desarrollo y epílogo de la gesta heroica ya ha sido muy ilustrado por algunos protagonistas de la Marcha, especialistas e historiadores. Ahora nos corresponde dirigir la mirada hacia los efectos causados en el magisterio local, sin pretender agotarlos. Es justo reconocer el impacto emocional que produjeron los resultados de la Marcha del Hambre. Los beneficios económicos y el posicionamiento político del magisterio colombiano obligaron al gobierno nacional a otorgarles a los maestros el peldaño social que les correspondía. De esa manera, los sindicatos regionales y locales asimilaron la lección histórica y en el año 1982 la fuerza viva del magisterio inspirada por la lucha de los Marchantes estremeció los cimientos de la Caja de Previsión Departamental cuya yerma y lamentable atención no satisfacía las necesidades de salud de los maestros y sus familias. Una marcha apoteósica que hundió los pavimentos con el peso de la enjundia y la conciencia política desde Calamar, Bolívar hasta la ciudad de Santa Marta. Como resultado de esta, se produjo el derrumbe de la vieja estructura administrativa de la Caja de Previsión y en su lugar se procuró una nueva contratación con nuevos centros regionales a nivel del departamento del Magdalena. Sería un irrespeto desdeñar el liderazgo de aquellos hombres y mujeres que, como José Celedón García, Humberto Cabrera Rúa, Rafael Gonzáles Alvarado, Juanita Fontalvo. En el mismo orden de trascendencia, destacamos a Leonor Ulloque, dueña de un talento literario extraordinario para improvisar letanías, en compañía de la profe de Pueblo Viejo Adela Cassis.
Cuando los maestros cuentan con buenos alumnos, la relación dialéctica se funde en un aprendizaje perpetuo. Así sucedió con el magisterio regional, sobre todo. Ni siquiera el tiempo ha podido extinguir la llama que aún flamea en la conciencia del magisterio. De ello, puede dar cuenta otro evento épico protagonizado por los maestros cuyo inicio data del 26 de febrero del año 1999. Un grupo de docentes en situación financiera semejante a la de los Marchantes del sesenta y seis, quienes cansados de esperar hasta seis y más meses su salario irrumpió en la Sede del Palacio Episcopal de Santa Marta, dirigida por Monseñor Hugo Puccini Banfi, quien demostró su solidaridad con la causa, impidiendo que las fuerzas policiales iniciaran el proceso de retoma del Palacio Episcopal. El alcalde de aquel entonces, Jaime Solano y el gobernador Juan Carlos Vives Menoti reconocieron la fortaleza del movimiento, muchos compañeros pernoctaban en la plaza de la catedral vigilantes, debido a la amenaza de incursión violenta de la policía para sacar a los tomistas. Al cabo de unos días con la llegada a la ciudad del presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, Tarcisio Mora, se conforma el equipo negociador, cuya interlocución válida estuvo representada por Carlina Sánchez, José Acosta y Humberto Cabrera, quien finalmente fue escogido para asistir a la Junta Nacional de Fecode que tuvo lugar en la ciudad de Armenia, en tributo al desastre causado por el terremoto en el Eje Cafetero.
Las conversaciones mantuvieron un buen tono y la voluntad política para acceder a las justas peticiones se tradujo en la incorporación de los maestros nominados por el departamento del Magdalena al situado fiscal. De igual forma se logró la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Al mismo tiempo se dio la vinculación al Sistema General de Participación del Distrito con las incorporaciones a la planta de personal de este ente territorial.
Como canto de victoria se registró la asimilación de los docentes departamentales por el Distrito según Decreto 181 el 30 de abril de 2003. Trescientos cincuenta y cinco maestros que dejarían de patinar nóminas de pago cada seis o siete meses.
Pero no todo lo actuado sería objeto de aplausos y disfrute. Un número considerable de docentes laboraba en instituciones educativas que pertenecían a entes distintos al mismo tiempo, lo que se llamó doble vinculación. El despido masivo se presentó en atención a que ningún trabajador podrá percibir remuneración de más de una entidad estatal.
Nos queda pendiente la masacre laboral liderada por Edgar Rey Sinning en el despido de más de 650 maestros del Distrito bajo la contratación provisional.
Agradecimientos al Profe Humberto Cabrera Rúa por la relevante información suministrada para este documento.