Por: Camilo Pretelt. Abogado.
Durante los últimos meses, Santa Marta y el Magdalena han sido testigos de la debacle del grupo político que se había adueñado de los dos cargos más importantes del Departamento. Nos referimos a la colectividad Fuerza Ciudadana, movimiento fundado por el exalcalde y exgobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar.
El problema inherente a los movimientos caudillistas es su inclinación hacia el totalitarismo. Cuando decisiones de trascendencia general recaen en manos de una o muy pocas personas, suelen generar cadenas de errores que, como es natural, culminan en finales abruptos.
El preludio de esta tragedia se inicia con la estrepitosa derrota de Fuerza Ciudadana en las Elecciones de Congreso 2022. A pesar de contar con figuras prominentes como el antioqueño Gilberto Tobón y el exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, así como con la maquinaria política y los recursos institucionales de la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena, el colectivo naranja no logró obtener los votos suficientes ni siquiera para alcanzar el umbral. Esta situación les habría permitido obtener la personería jurídica en ese momento, pero esta oportunidad se materializó varios meses después gracias a una decisión del Consejo Nacional Electoral, derivada de interpretaciones extensivas de la jurisprudencia y los Acuerdos de Paz, en los cuales las circunstancias fácticas e históricas de Fuerza Ciudadana no encajaban dentro de los requisitos para incluir al partido en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.
Esta derrota no solo imposibilitó la obtención de la personería jurídica en su momento, sino que también marcó un distanciamiento del petrismo al no integrar la coalición del Pacto Histórico, a pesar de aspirar al éxito de una campaña de la cual no formaron parte. Estas caídas fortalecieron la confianza de otros sectores políticos del Departamento, quienes identificaron las debilidades en las narrativas y estrategias políticas de Fuerza Ciudadana, aprovechando la situación para enfrentar a un grupo que había detentado el poder en la Alcaldía de Santa Marta durante 12 años.
Como un campesino que ignora las señales del inminente verano, el partido censurado continuó su trayectoria, tropezando y fracasando, pero aferrándose a la misma narrativa.
El punto de inflexión que puso en entredicho la solidez del partido no fue provocado por factores externos ni por ataques de sus oponentes más acérrimos. Por el contrario, el propio partido postuló como candidata a la Alcaldía de Santa Marta a la hermana de Carlos Caicedo, quien para entonces era Gobernador. Esta acción no solo constituyó una clara violación al régimen de inhabilidades, sino que también evidenció las intenciones nepotistas de un partido que se había transformado en un negocio familiar y de amigos. La candidatura de Patricia Caicedo fue revocada por el Consejo Nacional Electoral, entidad constitucionalmente encargada de esa función, que actuó conforme a las normas de participación política vigentes en Colombia, las cuales no fueron creadas para atacar al partido, como insinuaba su máximo líder, sino que constituyen un pilar fundamental de la legalidad. La responsabilidad recae en el partido por intentar eludir la ley electoral.
Después de este revés, cuando parecía que tenían todo para mantenerse en el poder del Distrito, perdieron todo a pocos días de las elecciones. En un acto urgente y desesperado, presentaron como candidato al siguiente en la fila de espera, Jorge Agudelo, quien se inscribió fuera del plazo establecido por ley gracias a una controvertida medida cautelar. Agudelo, incapaz por sí solo de levantar una campaña desmoronada, dejó el camino libre a Carlos Pinedo. Sin embargo, Caicedo, obligado y desesperado por perpetuarse en el poder, renunció al cargo de Gobernador para hacer campaña a favor de Agudelo. Esta acción poco o nada contribuyó, pues era un secreto a voces que la Gobernación y la Alcaldía de Santa Marta estaban instrumentalizadas para favorecer los intereses políticos del Partido Fuerza Ciudadana.
Tras las elecciones y el preconteo, Jorge Agudelo ganó por una diferencia mínima sobre Carlos Pinedo, lo que contrastaba con los años anteriores, donde el candidato de la línea caicedista solía obtener la mayor cantidad de votos con facilidad. Esto reflejaba un cambio en la conciencia popular, impulsado por los sectores políticos opuestos al partido naranja, que resultó en la pérdida de una gran parte del electorado para el partido en el poder. A pesar de ello, Fuerza Ciudadana obtuvo la mayor votación, pero aún no se había dicho la última palabra.
La candidatura de Fuerza Ciudadana fue revocada y el término para modificar las candidaturas había precluido. A pesar de ello, lograron una inscripción fundamentada en una orden judicial controversial. Sin embargo, aun en escrutinios, el Tribunal Superior de Santa Marta anuló dicha medida, lo que llevó a la Comisión Escrutadora a excluir los votos de Jorge Agudelo por inscripción extemporánea, basándose en la falta de efectos de la orden judicial que ordenaba su inscripción.
Se dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Antes de adentrarnos en acusaciones de persecución política y fraude en los escrutinios, es imperativo comprender que los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica son los responsables de postular a individuos que posean las condiciones de elegibilidad, es decir, que sean ciudadanos probos y éticos aptos para ocupar cargos públicos. En este sentido, la responsabilidad recae en Fuerza Ciudadana por inscribir inicialmente a una persona abiertamente inhabilitada debido a su vínculo de consanguinidad con el entonces Gobernador Carlos Caicedo, situación que la ley considera como nepotismo político y que, de acuerdo con los procedimientos constitucionales y estatutarios, se sanciona con la revocatoria de la candidatura.
Por lo tanto, cualquier ataque destinado a deslegitimar las instituciones o decisiones tomadas por una entidad competente, que buscaba salvaguardar la integridad de los comicios, debería ser rechazado. La verdadera responsabilidad recae en el Partido por intentar burlar la ley electoral.
Con este golpe, el colectivo que una vez ostentó el poder sobre todo un departamento y su capital, ahora se tambalea y se ve envuelto en sus propios errores. La estocada final en la breve historia del Partido provino de una demanda que sometió a control objetivo la Resolución que los reconoció como partido. Esta demanda sostenía, en términos generales, que Fuerza Ciudadana nunca debió recibir personería jurídica, pues no cumplía con los requisitos constitucionales y legales para obtenerla, al no alcanzar el umbral del 3% en las Elecciones de Congreso de 2022.
La resolución que otorgó la personería jurídica equiparaba la situación del Partido con la de algunos movimientos que se extinguieron debido a la violencia, una comparación que el Consejo de Estado consideró inapropiada debido a diferencias temporales y de contexto. Además, los fundamentos utilizados por el Consejo Nacional Electoral para conceder la personería se basaban en el reconocimiento al Partido Colombia Humana por su elevada votación en las Elecciones Presidenciales de 2018, situación que otorgaba un derecho personal a Gustavo Petro para ejercer la oposición.
El Consejo de Estado anuló la personería jurídica del Partido de Carlos Caicedo al considerar que las circunstancias que rodeaban su surgimiento no justificaban las excepciones desarrolladas por vía interpretativa y jurisprudencial para este tipo de casos.
En conclusión, los contratiempos sufridos por el colectivo de Fuerza Ciudadana, ahora un Partido extinto, no son producto de persecuciones contra sus líderes y representantes. Más bien, como en muchos otros casos de partidos y candidatos, la violación del régimen legal electoral conlleva las consecuencias que enfrentan en la actualidad, lo que nos lleva a concluir las malas prácticas democráticas de esa colectividad que desde hace algún tiempo presagiaba este abrupto final. Aunque las reglas que hoy los castigan puedan parecer represivas, estas medidas existen desde mucho antes del surgimiento de Fuerza Ciudadana como agrupación y protegen objetivos más amplios que los intereses personales de líderes caudillistas. Dichas reglas están diseñadas para salvaguardar la Democracia Representativa y la seguridad jurídica, principios que legitiman las contiendas democráticas.