Por: Fare Suárez Sarmiento.
Ya se mencionó en un documento anterior que la agresividad y elevado grado de letalidad del coronavirus obligó a los gobiernos del planeta a “hacer algo” en cada uno de los frentes que conforman la estructura social de los pueblos; y la educación es –desde luego– uno de ellos. Así, se implementó sin ambiente motivacional ni prólogos académicos la educación en casa, mediada por los dispositivos electrónicos de supuesta tenencia generalizada entre los agentes de la comunidad educativa: conectividad, computador y teléfono celular. Aún se evalúa en algunos países las bondades de esta alternativa educativa, en tanto, contamos con la certeza del fracaso en nuestro país.
Consciente de este drama educativo, el gobierno nacional por intermedio de dos congresistas afines a sus sentimientos ideológicos, se apresta a debatir y sin dudas aprobar, el proyecto de Ley No. 094, “Por medio del cual se modifica la Ley 115 de 1994 –Ley General de Educación–...” a través de la cual bendice la implementación de la Ley Homeschool o Educación en Casa, sin antes evaluar la geografía económica, la sociología etnográfica y la pluralidad étnica concentrada entre las ochenta y cuatro etnias indígenas y los tres grupos diferenciados de población afrocolombiana paridos de nuestra cultura ancestral. Esta es una de las razones que nos convoca para desmantelar la tesis oficial que pretende venderles a los colombianos las benevolencias de la homeschool –Educación en Casa–. Además, si la virtualidad dejó al descubierto la epidemia de la pobreza como marca inalterable de la inequidad educativa, por las razones expuestas en anteriores escritos, es muy difícil imaginar un proyecto educativo basado en principios equitativos diseñado para ricos con hijos dotados de habilidades y competencias excepcionales, otros con hijos que presentan evidentes dificultades para el aprendizaje homogéneo y estandarizado que ofrece la escuela formal. No existe en ningún país del mundo donde opere el homeschool, estudiantes de estratos cero o uno como los que llenan las aulas de las escuelas públicas en Colombia. Muchas razones colman esta afirmación, sin embargo, focalizaremos los escenarios que exhiben las evidencias de la inequidad educativa. Hablemos inicialmente de la casa-aula: innumerables hogares habitan espacios multifamiliares donde circulan los cuerpos rozando los hombros y los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos le hacen trampa al hambre: jugando al fútbol en la calle, unos, al dominó y a la macana, los otros y durmiendo en taburetes de madera reciclada o en improvisadas hamacas sin permiso para mecerse.
Como bien se sabe, el modelo homeschool ni siquiera podría contar con la orientación de los padres como lo señala el proyecto de Ley 094 en la definición consignada en el Artículo 2, en cuyo aparte menciona “...servicio prestado en la casa del estudiante con acompañamiento del padre o representante de familia...” Nos hallamos frente a la exclusión de facto de los niños y jóvenes de estratos bajos, no tanto por la unicidad espacial de la casa (sala, comedor, cocina, dormitorio y baño) sino porque la pobreza extrema también se expresa en el analfabetismo de los padres y adultos quienes ni siquiera esperan que el sol los acompañen en la salida cotidiana para recorrer calles y avenidas templando los gritos con el sudor que moja las frutas y verduras durante la aventura de la venta ambulatoria.
En cambio, el rico se enfada porque la oferta bulliciosa del pobre lo saca de su sueño. El megáfono estridente o la bocina humana le recuerdan que sus máquinas de hacer dinero están activadas; aunque en realidad, según el dicho popular, el rico no duerme, pensando que los obreros y empleados le están robando durante la noche.
Esta es la clase afortunada para la que legislan los gobiernos genuflexos. El ministerio de educación tiene bien claro que los estratos de élite serán los llamados a cumplir con los requisitos exigidos por el modelo homeschool. No hay dudas de que las secretarías de educación no tendrán necesidad de designarles un joven tutor denominado en el Artículo 8 de la Ley como “adulto educador”, con el condicionante que deba contar como mínimo con título académico de bachiller. Creemos que la adultez ciudadana se adquiere a partir de la mayoría de edad cronológica estipulada en dieciocho años lo que contrasta con la exigencia del aludido artículo, por cuanto los bachilleres no exceden la edad de dieciséis años. Aunque esto no es lo trascendente, debido a que la élite económica del país podrá contratar tutores especializados por área del conocimiento, tal como ocurre cuando sus hijos presentan dificultades en el aprendizaje certificadas por las evaluaciones que los padres reciben por períodos académicos en la educación formal privada.
En otro sentido, observamos la salida salomónica frente al inminente derrumbe en la práctica del proyecto por las motivaciones presentadas (y las que seguiré exponiendo en sucesivos documentos), cuando explica que “De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro, o en casa, bajo la modalidad de Educación en Casa...” (Artículo 3) Es decir, no hay homeschool.
La desescolarización se entiende en términos de suplantación de la educación formal que brinda la escuela, por una educación en la casa con acompañamiento de los padres o adultos responsables, con un “educador” con grado mínimo de bachiller; sin embargo, el servicio educativo podrá salir de la casa y atender a los niños y jóvenes en hogares dirigidos por madres comunitarias con igual o menor formación académica y ninguna pedagógica que los bachilleres.
La mayor incongruencia la observamos en el hecho de que sin importar el escenario físico donde se produzca el acto educativo, este se dará “bajo la supervisión de las instituciones educativas del Estado o particulares...” No se sabe si las familias que rechacen la oferta académica del homeschool, continuarán con la modalidad virtual o entrarán en el terreno fangoso de la “alternancia educativa”, a pesar de todos los reparos en materia estructural de planta física y de la parafernalia sanitaria exigida para la preservación de la vida de la comunidad académica y del personal administrativo. También sería interesante contar con las disposiciones legales para que las instituciones oficiales y privadas puedan ejercer la supervisión del desarrollo del proyecto educativo que habrá de activarse en los hogares. Pero sería más interesante aún conocer los mecanismos que permitirían a las instituciones llevar a cabo tal supervisión. Tal vez, el gobierno piense que los maestros estarían dispuestos al desplazamiento continuo de casa en casa para cerciorarse de la efectividad del proceso homeschool de manera presencial, donde, además, tendría que revisar y quizá rectificar el trabajo orientador del bachiller en función de educador.
Debemos asumir el homeschool como una entelequia, una anomia pirotécnica capaz de distraer al magisterio colombiano y al pueblo, mientras se sigue cocinando la propuesta de referendo planteada por el Centro Democrático, la cual contiene catorce puntos en los que se incluye la congelación de la nómina de los empleados públicos por seis años; es decir, propicia el congelamiento del Escalafón Docente, entre otros latigazos lesivos para los trabajadores, el precariado y el magisterio.