Por: Ariel Quiroga Vides. Abogado.
-Primera Entrega-
Desde que el presidente Petro se posesionó, ha prometido una y otra vez, que buscará la libertad de los jóvenes capturados y judicializados en el contexto del paro nacional del 2021, y claro, esto políticamente es acertado desde sus huestes ideológicas, pues fue ese paro nacional el catalizador del triunfo del progresismo en las parlamentarias de marzo del 2022 y las presidenciales de mayo y junio del mismo año, por lo que quedaría muy mal parado el actual mandatario, si les hace pistola a los miles de jóvenes que salieron a marchar y exigir un cambio sustancial en el país, además de las fuerzas políticas que también acompañan esta iniciativa. Puede que los actualmente judicializados sean muy poquitos en comparación con todos los marchantes, pero también es cierto, que cumplir esa promesa de libertad, sería un baño de gloria para la imagen pública de Petro, pues quedaría como un hombre que cumple sus compromisos.
Dentro del marco de lo político, es bien sabido que el presidente no tiene una buena relación con el fiscal general Francisco Barbosa, y como tenerla, si este es íntimo del ex presidente Iván Duque, y hay que decirlo, se ha dedicado a ser un fiscal con mucho tinte ideológico (me recuerda a Montealegre), lo cual considero es un error, pero en ocasiones, a pesar de estar motivado por sus afinidades políticas, lanza respuestas que están bien respaldadas por la ley.
Es apenas normal que 24 horas después de ser posesionado, Petro le solicitara a la Fiscalía que liberara a los miembros de la primera línea, una clara muestra ante los ojos de la opinión pública de que está honrando sus compromisos (acto político), pero también el fiscal hizo lo propio, pues sumado a que esa idea le repugna por la carga ideológica que conlleva, tiene todo el respaldo jurídico para haber salido lanza en ristre a responder que ¡no! Y entre líneas, a tratar al presidente como un dictador.
En lo que tiene que ver con sus declaraciones iniciales y también, las muy recientes de solicitar la libertad de los miembros de la primera línea, debo ser sincero en que políticamente está bien, está dando un mensaje de cumplimiento a un sector de sus electores, pero jurídica e institucionalmente el mensaje es errado.
Colombia es un Estado Social y de Derecho, fundamentado en el principio de la Dignidad Humana y el bien general, resguardado por un andamio institucional que descansa en la separación de poderes y el cubrimiento de órganos de control autónomos de las ramas del poder público. Esto es una hermosa herencia de los pensadores de la Ilustración, que dieron bases ideológicas a la independencia de los Estados Unidos, a la Revolución francesa y posteriormente a las independencias latinoamericanas, cuyos lideres, se aprovecharon cuando Napoleón invadió España, sacó a Fernando VII del poder y puso a su hermano borracho “Pepe Botella” a regenciar el reino ibérico (cuando toco temas históricos, me altero, perdón), lo que creó una inestabilidad en el imperio que había que explotar.
Entonces, no tenemos una tradición republicana de ayer, sino de más de 200 años con bases teóricas de casi 300 años, esto, si los contamos desde que se publicó el Espíritu de las Leyes de Montesquieu y De los Delitos y las Penas de Cesare Beccaria, con un culmen en nuestra historia nacional desde que se promulgó la Constitución de 1991.
De tal manera, que el presidente Petro salga a decirle al Fiscal general, que es la cabeza de un órgano de control independiente al gobierno y todas las demás ramas, “libere a los miembros de la primera línea” es un insulto antidemocrático, pues él no tiene facultad de impartir tales ordenes, y envía un terrible mensaje de irrespeto a la institucionalidad, generando en quienes lo apoyamos sin sesgos, la responsabilidad republicana de alzar la voz.
No obstante, como es obvio que el presidente le dio zanahorias a los señores de la primera línea, pero garrote al resto del país que piensa más allá de las emociones políticas, el ministro del interior, Alfonso Prada, salió a suavizar las declaraciones del primer mandatario, manifestando que el proceso de liberación se hará en coordinación con la Fiscalía y con base en figuras establecidas en la nueva Ley de Paz Total (Ley 418 de 2022), lo que a todas luces fue una salvada magistral del ministro.
En la próxima columna, nos metemos en lo jurídico.