“Hablar sobre todas las dificultades de la mujer migrante desde una perspectiva de Derechos e inclusión me tomaría varias columnas, las suficientes para tratar de explicar la importancia de empoderar a las mujeres que migran y concientizar sobre el doble problema que afrontan, especialmente dentro de un país como Colombia: ser migrante, y ser mujer.”
Por: Stephanie Castro C. (1)
El próximo miércoles 25 de noviembre se celebrará a nivel mundial el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la fecha elegida en el marco del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. En el año de 1999, la Organización de las Naciones Unidas dio un carácter oficial a esta fecha y desde entonces, se hace eco de la misma para que las mujeres levantemos nuestra voz para denunciar los ataques que sufren las mujeres en todo el mundo y exigir a los diferentes gobiernos las medidas para combatirlos.
Gracias a ese espíritu de resistencia y sororidad, las mujeres hemos ganado a pulso el reconocimiento de muchos derechos y disminuir la enorme brecha de oportunidades frente a los hombres; sin embargo, cada contexto es distinto y aún sigue siendo largo el camino a pesar de los avances que suponen no solo el reconocimiento de derechos, sino también la efectividad de los mismos. Esto último, me ha puesto reflexionar seriamente en un grupo de mujeres cada vez más amplio que a la vez integran un grupo poblacional que se encuentra en un gran riesgo en cuanto a la vulnerabilidad de derechos fundamentales, como lo son los migrantes.
El rol de la mujer migrante en particular es mucho más importante de lo que suponen los imaginarios del común; de hecho, según datos de la misma Organización Internacional para las Migraciones OIM, en el último año se registró un incremento en la llegada a Colombia de mujeres procedentes de Venezuela, muchas en estado de embarazo o que tienen la condición de ser cabeza de familia con niños pequeños. Por otra parte, según cifras de Migración Colombia a junio del año pasado, el 48 % de las personas migrantes venezolanas eran mujeres, casi la mitad de la población migrante, lo que supone que las dinámicas que ellas deben enfrentar en el proceso de adaptación a los lugares de acogida puede resultar muchas veces más complejo que para los hombres.
A lo largo de los años, las dinámicas de la migración humana han variado también de acuerdo al contexto, contemplándose cada vez la variedad en los tipos de migración y sus causas. En el caso de las mujeres y niñas, la migración femenina es un proceso aún más complejo que las hace muy vulnerables; las mujeres migrantes deben enfrentar fenómenos sociales como la falta de diversidad e igualdad de oportunidades en los lugares de acogida, como también enfrentar a un sistema de leyes patriarcales y falta de garantías o efectividad en el goce de derechos que estimulan las prácticas de discriminación y violencia de género, más aún si llegan a un lugar donde las esperan condiciones económicas de enorme precariedad o que les limite el acceso a servicios básicos.
El sueño de la mujer migrante siempre está ligado a la búsqueda de mejores oportunidades, pero en muchos casos, sus causas están motivadas en vulneración de derechos en sus propios lugares de origen. Las mayores causas de los fenómenos migratorios suelen ser económicas, sociales y por último, aunque no menos frecuente, criminales. En países como Venezuela, la migración femenina ha obedecido en gran parte a causas como la pobreza extrema, falta de seguridad alimentaria, el desempleo y la misma violencia, las cuales generan una mayor expectativa de acceso a mejores beneficios en el país de destino —en este caso, estamos hablando de Colombia— sin embargo; existen otros factores que a menudo son ignorados gracias al estereotipo que nos han vendido sobre la migración económica, y estos son los problemas sociales como la discriminación, la reunificación familiar (muchas mujeres vienen al país a reencontrase con sus parejas); la dependencia económica hacia sus parejas (muchas veces en un contexto de violencia intrafamiliar), y, causas criminales, tales como la inseguridad en su integridad o ser víctima de la delincuencia organizada.
Frente a esto último, no hay que ignorar que durante los procesos migratorios, especialmente en condiciones irregulares, existe un gran riesgo para las mujeres y niñas de ser el objetivo principal de la trata y el tráfico de personas, sobre todo para ser objeto de explotación en actividades de prostitución a favor de terceros; como también existe el riesgo para ellas de sufrir violencia sexual, especialmente si se ven obligadas a atravesar por pasos clandestinos –controlados por grupos criminales armados– debido a la falta de documentación para emigrar desde su país. Una vez logran atravesar ese difícil camino y llegar a su lugar de destino, se enfrentan otra gran dificultad para acceder a derechos fundamentales, sumado a las dificultades para adquirir un estatus migratorio regular y con ello, acceder a oportunidades de empleo dignas.
Hablar sobre todas las dificultades de la mujer migrante desde una perspectiva de Derechos e inclusión, me tomaría varias columnas, las suficientes para tratar de explicar la importancia de empoderar a las mujeres que migran y concientizar sobre el doble problema que afrontan, especialmente dentro de un país como Colombia: ser migrante, y ser mujer. Retomo nuevamente la entrada de esta columna para hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hacer una gran mención de la mujer migrante, aquella que ha sido discriminada en todas las formas y muchas veces violentada; aquella que vemos representada en esa niña que ofrece dulces y bebidas en los semáforos; en aquella mujer que hace las labores domésticas en condiciones de explotación; aquella que vende el café en las calles y que se convierte en objeto inmediato de acoso e irrespeto; aquella que trabaja en condiciones irregulares en las plazas de comidas en condiciones que solo se igualan a la explotación laboral -o al menos hasta antes de la pandemia-; aquellas que ejercen actividades de prostitución en lugares clandestinos bajo las ordenes de criminales que se lucran de explotarlas; aquellas madres que buscan asesoría para que sus niños -también migrantes- puedan conseguir un cupo en un colegio para que puedan seguir ‘estudiando’, o al menos, lo hagan en un futuro cercano que implique la educación presencial y no una virtualidad para la que no tienen ni las más mínimas herramientas de acceso; aquellas cuya dependencia económica de una pareja maltratadora las ha hecho víctima de la violencia en todas sus formas y que son ignoradas por las autoridades locales en un sistema donde pareciera que ser migrantes las convirtiese en sujetos menos importantes; para demostrarles la veracidad de esto último, les invito a ver las noticias criminales de los últimos meses en la ciudad de Santa Marta y el Departamento del Magdalena, creo que eso será suficiente.
Respetemos a la mujer migrante, que esta sea una semana para que pensemos en todas estas mujeres que han encontrado en nuestro departamento un gran número de circunstancias que afectan sus derechos humanos y que a la fecha, siguen siendo ignoradas. Migrar es un derecho de todos los seres humanos, y en algún momento yo misma fui migrante, pero no se compara el privilegio de migrar para estudiar en el exterior y en condiciones regulares, a tener que escapar de tu país de origen en condiciones económicas desfavorables y además sin documentación. Respetemos a las mujeres migrantes, en especial a nuestras hermanas de Venezuela, ellas como nuestras mujeres, también merecen nuestro respeto y protección.
(1) Abogada, Magister en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de la Sapienza de Roma. Investigadora sobre temas migratorios y docente catedrática de Derecho Internacional Público y Derecho Migratorio en la Universidad del Magdalena.