Por: Álvaro Esmeral Gómez. Abogado.
Las sociedades abiertamente democráticas se diferencian esencialmente de las dictaduras por el nivel de protección y respeto a los derechos humanos de las personas. De ahí, que la existencia de una Carta de derechos devenga como un escudo protector de la dignidad del ciudadano frente al poder del Estado.
Por ello, la Constitución como técnica de control y de respeto al poder, debe ser tan conocida, divulgada y acogida como cualquiera de los libros más sagrados de las religiones existentes, pues mientras estos ofrecen una vida a plenitud más allá de esta, la primera los garantiza en esta materialidad existencial al menos en sus elementos básicos.
Una de las tareas importantes del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales, debería ser precisamente, que el ciudadano del común reconozca la frontera existente entre su derecho y su deber, y que asimismo pueda palpar las acciones que el constituyente ha diseñado para la protección de estos, lo cual se logra llevando la Constitución al barrio.
En la medida en que el ciudadano desconozca su propia Carta Política, esta queda limitada a un mero catálogo de buenas intenciones, o a un mero ejercicio filantrópico del constituyente, el cual no lleva a una verdadera transformación de la conciencia colectiva que proponen excelentes gobernantes.
La invitación es sencilla, cada uno de los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles del país tienen la tarea de ayudar e incluir en su plan de Gobierno el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Política, el cual contiene un mandato loable y noble consistente en “Ordenar la divulgación de la Constitución”.
Excelente sería, que Santa Marta “La ciudad más antigua de América” y próxima a cumplir su quinto centenario, acogiera esta propuesta ciudadana y le diera a la “Bahía Más Linda de América” un regalo sagrado, un alcalde que dé a conocer la Constitución de 1991 entre sus ciudadanos y con ello dote a su pueblo de elementos que permitan una participación real y efectiva en el ejercicio de sus derechos y sus deberes, logrando una ciudadanía empoderada y libre.
¡Santa Marta sí puede y se lo merece!