Por: Álvaro Echeverri Uruburu.
“La reforma policial es esencial para la vigilancia del Estado de Derecho…. las reformas en la Policía en los últimos 30 años en América Latina, hay que decirlo francamente, han fracasado”. (Informe del Banco Interamericano de Desarrollo- BID).
El concepto “brutalidad policial” no corresponde al autor de este artículo. Su empleo ha sido frecuente siempre que se busca enfrentar los desmanes y excesos- muchas veces con resultados fatales- de los cuerpos policiales en distintos países.
Así ha ocurrido recientemente en Estados Unidos, a raíz del atroz asesinato del afroamericano, George Floyd, a manos de varios agentes de policía de la ciudad de Minneapolis, Minnesota. A pesar de las protestas y de la indignación ciudadana por este crimen, nuevos hechos de barbarie policial han venido produciéndose en otros estados de la Unión Norteamericana.
Colombia, infortunadamente no ha sido ajena a la arbitrariedad y de actos criminales cometidos por miembros de la Policía Nacional y que han adquirido el carácter de emblemáticos, como el asesinato del grafitero, Diego Felipe Becerra en agosto de 2011 y, el más cercano, la muerte- hasta ahora impune- del joven Dilan Cruz, a causa de un disparo en la cabeza proveniente de una escopeta de perdigones en manos de un agente del ESMAD, cuando participaba en una de las manifestaciones de protesta realizada el año pasado en contra de las políticas del actual gobierno.
La sevicia empleada el miércoles de la semana pasada por dos agentes policiales durante la captura del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, mediante la aplicación reiterada y sin necesidad de la pistola “Taser” y su posterior asesinato al parecer a golpes en las instalaciones del CAI del barrio Villa luz de Bogotá; así como el comportamiento descontrolado de muchos uniformados para enfrentar los desmanes de una gran cantidad de ciudadanos enardecidos por lo ocurrido a Ordóñez, que dejaron once muertos y casi un centenar de heridos por las balas oficiales, ha puesto de manifiesto la urgencia de una reforma Institucional de la Policía Nacional, más allá de los anuncios deslucidos del Ministro de Defensa acerca de su “profesionalización” y “modernización” en marcha dentro de esa Institución.
Porque la verdad es que no sólo por los excesos criminales, que como siempre evaden las causas del fondo-, atribuyéndolos a “manzanas podridas” dentro de la institución- sino por otras razones más, la Policía Nacional venía sufriendo un creciente desprestigio, que de acuerdo con la encuesta realizada el año pasado por la Cámara de Comercio de Bogotá, con respecto a la aceptación ciudadana de su actividad, la cual se situaba en apenas un 18%.
Entre los factores adicionales de pérdida de favorabilidad, el exministro de Salud y actual Rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, ha señalado la vigencia de un Código Nacional de Policía “intrusivo”, que obliga a los policías innecesariamente a intervenir en muchas conductas privadas de los ciudadanos. Agrega, de otra parte Gaviria, como las medidas restrictivas en razón de la pandemia del covid-19 (algunas verdaderamente desproporcionadas, como la prohibición de caminar por las playas) han puesto a los uniformados a exigir su cumplimiento por medio de comparendos, creando situaciones frecuentes de mortificación y acoso para las personas.
La desmilitarización de la policía
Asombra oír a dirigentes nacionales y alguna académica de la facultad de gobierno de la Universidad de los Andes, que manifiestan su desconocimiento sobre el origen histórico que llevó a la institución policial a quedar adscrita al Ministerio de Defensa y no al del Interior, como sucede en la mayoría de regímenes democráticos del mundo.
Otros equivocadamente lo han atribuido al conflicto interno que ha vivido el país durante más de 50 años y en el cual la policía ha jugado un papel casi tan importante como el ejército sobre todo en poblaciones apartadas de la geografía nacional, donde esta era- y es todavía- la única Institución presente del Estado.
La verdad es que dicha adscripción, pero más aún, la introducción de una estructura, una formación profesional, unos grados jerárquicos, una justicia especializada y una simbología militar, fue el resultado de la Reforma a la Policía promovida por el gobierno del Presidente Mariano Ospina Pérez a raíz de los acontecimientos del 9 de abril de 1948, cuando miembros de la institución policial se sumaron a la rabia y la indignación popular por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán.
La solución primera y obvia para enfrentar seriamente la reforma Institucional de la Policía, es, desde luego, la de trasladar la dependencia y subordinación de la misma del Ministerio de Defensa al del Interior.
Pero esto no basta sino se transforma radicalmente la formación y la educación de naturaleza militar del personal uniformado, desde el patrullero raso hasta sus más altos mandos jerárquicos.
En efecto, la formación militar es sustancialmente contraria a la función preventiva que cumple la policía en un régimen democrático. La institución militar, en sus diversas ramas, debe responder con las armas de manera inmediata y contundente en contra del enemigo que se combate. La razón de ser de los ejércitos, había dicho Von Clausewitz, es “la aniquilación del enemigo”. Por el contrario, la función preventiva, exige del policía la comprensión de los problemas de la comunidad dentro de la cual actúa; demanda de él capacidad de diálogo y persuasión con respecto a eventuales violadores de la ley para conducirlos a someterse a esta y la prudencia y serenidad en el empleo de la fuerza y en el uso de las armas sólo como “última ratio”.
La militarización de la Policía ha conducido a la sobrevaloración de las acciones bélicas y “heroicas” de sus miembros por encima de las más modestas del servicio a la convivencia ciudadana. El “espíritu de cuerpo” del ejército trasladado a la Institución policial, suele generar un discurso discriminador de todo lo “civil”. Este sentimiento resulta profundamente perturbador y negativo para unos funcionarios públicos que como los policías, deben estar en contacto permanente con la población civil. Ese “espíritu de cuerpo” explica, en buena medida la impunidad que opera dentro de la Justicia Penal Militar.
La educación policial
La educación y la formación civilista qué debería dársele a la policía y que sería el antídoto eficaz contra la brutalidad de sus miembros, no puede reducirse a la impartición de cursillos y diplomados sobre Derechos Humanos.
Adicional a esto, es necesaria una educación que enseñe el “uso de la fuerza cuando ésta sea pertinente y no existan otras opciones”, como dice José Manuel Vivanco, director de “Humans Rights Watch”.
Esta educación ya existe en otras policías del mundo que han logrado reducir la brutalidad policial a cero, es decir, la ausencia de denuncias y quejas de parte de los ciudadanos por este motivo.
Partiendo de una adecuada selección del personal aspirante a ingresar a la Institución, el tiempo de formación, incluso para el personal de base, como ocurre en muchos países, debe tener una duración mínima de 9 meses a un año, de suerte que ningún uniformado pueda salir a la calle a cumplir sus funciones sin una capacitación mínima. En la actualidad en el país una formación de excelencia sólo se imparte a suboficiales y oficiales superiores.
Dentro de una formación para todos los miembros de la Institución, se encuentra entre otros aspectos, la enseñanza del uso adecuado de la pistola “Taser” y otras armas “no letales”, que no se reduce a las 2 horas que se emplean en Colombia, si no que en diversos países, ocupa varias sesiones, incluso, aplicando el choque eléctrico de la pistola en los cuerpos de los compañeros de curso, para que cada uno, por propia experiencia, conozca sus efectos y aprenda a aplicarla de manera racional y proporcionada, cuando por necesidad deba ser utilizada.
En España, con una experiencia dictatorial de casi 40 años, debió exigirse la Ley de Organización de la Policía en 1986, en la cual se estableció el procedimiento de la “intervención operativa”, o de “violencia progresiva”, de acuerdo a la cual, las reacciones de fuerza de la policía, deben responder proporcionalmente a las acciones agresivas de la contraparte a la que se insta rendición, por ejemplo, para conseguir su captura o arresto, de suerte que un uniformado sólo puede emplear la violencia si aquél la emplea primero. Lo mismo debe suceder con su arma de dotación, esta sólo puede emplearse a condición de que a quien se enfrenta, use o trate de emplear primero un arma.
Estás enseñanzas que responden consecuentemente al carácter civil y preventivo de la Institución policial, han resultado más efectivas en muchos países para reducir los excesos policiales, qué los cursos y seminarios teóricos sobre Derechos Humanos, aunque estos programas no deben desecharse y en alguna medida pueden influir en el comportamiento respetuoso de los derechos de los ciudadanos de parte de los miembros de la Policía.
Este tipo de prácticas académicas debe hacer parte de un currículo, que con otras acciones educativas, responden a unos principios éticos que deben presidir el comportamiento Policial en todo tiempo: proporcionalidad de su conducta con respecto a la de otro; no ocasionar un daño que no nos haríamos a nosotros mismos, y en último término, en palabras de Kant, “ nunca utilizar a ningún ser humano como medio”.
Contra el querer del Presidente, Iván Duque, el debate sobre la Reforma de la Policía, en razón de los recientes acontecimientos, debe encontrarse en orden del día de los asuntos urgentes del país.