Por: Camilo José David Hoyos.
Los últimos acontecimientos electorales en nuestro terruño Santa Marta, se han desarrollado de manera traumática, no por culpa exclusiva de la organización electoral y judicial, sino también del partido fuerza ciudadana y de sus dirigentes que de manera terca y creyendo estar por encima de la ley inscribieron sendos candidatos inhabilitados, pudiendo haber inscrito a otros candidatos, incluso con méritos para acceder a ese importante designio y no correr el riesgo que hoy enfrentan de ser sancionado el partido y de quedar excluidos como en efecto lo están, al quedar inválida la votación obtenida el pasado 29 de octubre por parte del candidato Jorge Agudelo y fuerza ciudadana.
La reflexión que queda como corolario de todo es que ningún partido en Colombia goza de privilegio alguno, todos están sometidos al imperio de la ley, no al contrario el Estado sometido a ninguna persona natural o jurídica y mucho menos a ningún partido o movimiento político.
En ese orden de ideas la ley 1475 de 2011, ley estatutaria que integra y forma parte del bloque de constitucionalidad para interpretar y aplicar la Carta Política colombiana consagra que los partidos tenían plazo para modificar las listas e inscripciones de candidatos hasta el día 29 de septiembre en este caso de 2023, siendo de señalar que tal fecha es y constituye un límite para efectuar dichas modificaciones, incluso por orden de autoridad judicial, la cual por el tipo de ley resultaba inmodificable por parte del fallo del juez 4º Laboral que a todas luces resulta inconstitucional e ilegal.
Por ello, de un lado un partido creyéndose infalible para vulnerar y violar el ordenamiento jurídico inscribiendo candidatos inhabilitados y por fuera de la ley y por otro lado un juez prevaricador y perverso violentando todo el ordenamiento jurídico para favorecer de forma indebida a un partido y a un candidato que en este caso carecía de legitimación por activa para actuar como coadyuvante tal como se expresa en la sentencia el Tribunal-Sala Laboral, al revocar ese adefesio y falaz contenido de la sentencia del Juez Cuarto, que contrariando el ordenamiento jurídico, amparó unos derechos inexistentes, generando todo un caos anti democrático y originando en toda una comunidad y en el elector de fuerza ciudadana una falacia y engaño del cual aún hoy viene padeciendo, con esa terquedad perversa y dañina.
Si de ser sensatas se trata, no queda duda que fuerza ciudadana y sus líderes en cabeza de Carlos Caicedo deben asumir su gran responsabilidad, reconocer su error en la inscripción de candidatos inhabilitados para la alcaldía de Santa Marta y no trasladar a las autoridades electorales una responsabilidad, que no queda duda es de su exclusivo resorte.
Y en este caso, sus seguidores y adeptos en lugar de generar caos e intranquilidad en la ciudad, deberían direccionar hacía su partido y dirigentes toda la inconformidad y protesta, toda vez que ellos causaron ese gran engaño, al hacer creer que ninguno de los inscritos estaban inhabilitados, siendo de su única y exclusiva responsabilidad.
Trasladar esa responsabilidad al Estado no deja de ser una dulce inconsecuencia y abuso del derecho por quienes pretenden hacerlo.
A partir de una ilegalidad no se puede soportar otra, es decir, si el señor Agudelo fue inscrito de forma extemporánea violentado la ley, en este caso la 1475 de 2011, su eventual elección sería ilegítima y contraria a derecho.
Justificar su elección por el hecho de haber obtenido una determinada votación por encima del segundo, no le da legitimidad alguna a esa elección, por lo que también resulta desatinado aprovechando de manera ilegítima la obtención de una ventaja sobre los demás candidatos, de forma desigual y atentatoria de los derechos fundamentales de los mismos de manera espúrea.
La decisión del Juez Cuarto además de ser contraria a derecho, al bloque de constitucionalidad y a la realidad procesal y probatoria pudo haber dejado una estela de perversidad de desorden jurídico, pero como es de conocimiento del público en general, el Tribunal Superior-Sala laboral al rectificar de manera oportuna el rumbo, ha generado un alto grado de confianza en la institucionalidad, en la justicia, venida a menos por operadores judiciales que amparados en ella cometen todo tipo de desafueros que afectan el normal funcionamiento del Estado y de sus instituciones, afectando profundamente la noción del Estado Social de Derecho que en buena hora fue protegido con esa decisión.
No queda duda que ningún partido, ni líder político, ni candidato están por encima o por fuera de la ley, todos sin excepción alguna están sometidos al imperio de la ley, ese principio en democracia que defendemos con ahínco y propendemos por su protección, ese es y debe ser el objetivo de todo demócrata integral.
Por ello a quienes trasgreden la ley, a quienes actúan de asesores incurriendo en ese error, un llamado respetuoso a la cordura, a la sensatez, a la defensa de la democracia, por muy dura que pueda ser ella, pero sustentándose en esos principios y valores con la aplicación del sistema jurídico positivista, hemos de aceptar las cosas como vienen y se presentan, sometidos al imperio de la ley. Dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley.
Candidatos inmersos en inhabilidades es una máxima del derecho electoral que no pueden ser elegidos en democracia, ni acceder a cargos públicos de elección popular; por ello el obrar de la justicia a cargo del Tribunal Superior-Sala Laboral es rescatable desde todo punto de vista, además de generar una inmensa confianza, fortalece la institucionalidad y la democracia en su mejor expresión.
Finalmente, acaban así mismo de llevarse a cabo las elecciones en Argentina con un discurso Libertario de Javier Milei en rescate de los principios y valores democráticos y en contravía de la filosofía Peronista-Kitchnerista, muy parecida a la que profesa Fuerza Ciudadana y Caicedo en esta zona del país, que es empobrecedora, embrutecedora y atentatoria de la dignidad humana; por ello nos alegra profundamente que esa horrible noche haya cesado en Argentina y que está próxima a cesar en Santa Marta, que nos depara mucha alegría y da mucha satisfacción. Felicitaciones al presidente electo de Argentina Javier Milei, al pueblo samario, a la institucionalidad por haber brindado la confianza en un demócrata como Carlos Pinedo Cuello. ¡Viva Argentina, viva Santa Marta, carajo!