Por: Christian Rodríguez Martínez.
El 20-20 pasará a la historia por todo lo que ha generado la pandemia COVID-19, desde el punto de vista de salud, económico, educación, laboral, entre otros aspectos. Ante este hecho sin precedentes en nuestra historia reciente, los colombianos esperábamos más de nuestro órgano democrático por excelencia: Congreso de la República. Durante este año se aprobaron pocas leyes de alto impacto, los debates de control político fueron escasos y como de no creer se aplazaron sesiones por falta quórum a pesar de estar sesionando de forma virtual, es decir, los honorables parlamentarios están asistiendo a legislar desde sus casas.
A pesar de esta situación, en nuestro país entraron en vigencia 51 nuevas leyes. Entre ellas destacamos la Ley 2056 que modifica el sistema general de regalías y busca beneficiar a las regiones, Ley 2046 que busca apoyar la producción agrícola de los campesinos, Ley 2064 la cual tiene como objetivo declarar interés general la estrategia de vacunación del país contra la COVID-19, así como establecer fuentes de financiación, entre otros asuntos. Esta es quizás la norma que más responde a la necesidad de intervención del legislador en los asuntos de política pública y más en estos tiempos de pandemia, lo que se encierra en lo que he denominado el rol del legislador en un Estado constitucional.
En cambio, existen otras que causan curiosidad, por ejemplo, la Ley 2029. A través de esta ley, el Congreso hace uso de una facultad que pocos conocen o han escuchado: interpretar las leyes. Esta norma interpreta el artículo 388 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) con el fin de permitir el uso de las figuras de teletrabajo o virtualidad a los funcionarios que pertenecen a las Unidades de Trabajo Legislativo-UTL, no obstante el legislador no se ocupó de tramitar una modificación a su reglamento para incorporar las sesiones virtuales, en cuanto a la deliberación, toma de decisiones, presentación de proposiciones, garantías a la oposición, verificación de quórum, entre otros aspectos claves del procedimiento legislativo armonizado al uso de plataformas digitales.
En el segundo semestre de 20-20, el proyecto de ley que más causó polémica fue el Código Electoral, no tanto por la amplia deliberación que tuvo a nivel nacional y en el Congreso de la República, sino por la relevancia o necesidad en estos tiempos de pandemia, ya que la agenda legislativa a partir del 20 de julio giró alrededor de esta iniciativa, a pesar que necesitábamos la intervención de nuestros honorables parlamentarios en otros temas más importantes como país.
El proyecto de ley de Código Electoral tuvo tanta prioridad para el Gobierno que lo radicó con mensaje de urgencia y luego convocó a sesiones extraordinarias al Congreso para solo tramitar esta iniciativa legislativa que finalmente fue aprobada. En este tema no entiendo los afanes del actual gobierno, cuando las elecciones más cercanas son las de marzo de 2022 para elegir al nuevo Congreso.
A pesar de declararse el estado de emergencia económica, social y ecológica, en virtud del articulo 215 de la Constitución Política en este año con ocasión a la pandemia y eso significó el uso de facultades legislativas por parte del Presidente de la República, los debates de control político que más llamaron la atención fueron los generados al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, por el uso de la fuerza policial en las protestas sociales. Quedando de lado, el control político que puede hacer el legislador a los distintos decretos legislativos que se expiden en el marco de un estado de excepción y en especial su ejecución o implementación.
El 2021 no será diferente, ya que se deberán debatir y aprobar distintas iniciativas legislativas que busquen contrarrestar los distintos efectos que ha causado el coronavirus en el país. No obstante, el próximo año es preelectoral, puesto que se avecinan las elecciones del Congreso y del Presidente, por tanto, si este año que no se encontraba el legislador en ese ambiente, que se puede esperar para el 20-21.
A esto se suma, un proyecto de ley tan controversial como lo es la reforma tributaria que tanto ha prometido el gobierno actual, ya que se pretenderá ajustar todo el gasto en que se ha incurrido durante la pandemia. Un punto que causa mucha preocupación es la propuesta de gravar aún más con IVA la canasta familiar, imponiéndose así una mayor carga a los colombianos con menos capacidad adquisitiva -los asalariados-.
La opinión favorable del Congreso por parte de los colombianos solo alcanza un 20%. Seguramente, el 2021 no contribuirá a que esa imagen mejore, ya que los congresistas estarán más preocupados por la campaña 20-22 y su posible reelección que por presentar o tramitar proyectos de ley que respondan a nuestra realidad.
Docente de Procedimiento y Argumentación Legislativa y Director del Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena.