• Columna 7

COLOMBIA ES UN ESTADO FALLIDO

Por: Rosember Rivadeneira Bermúdez.

Grande es la desventura que se experimenta al confrontar la poesía que brota de nuestras normas con la cruda realidad. El romance generado por las reglas jurídicas, llámese ley o Constitución, se ha ido consumiendo a causa de lo que nuestros sentidos experimentan. Por las lágrimas que vemos correr, por los cuerpos mutilados, los derechos ignorados, las garantías limitadas, por los abusos de poder y por los discursos adornados con palabras que el viento a su paso desvanece, o que los rayos del sol evaporan, por seres sin memoria que una y otra vez su alma entregan a las fauces de sus opresores.

Una breve lectura del propósito de las instituciones públicas nos permite advertir la fragilidad del Estado colombiano. Hoy contemplamos al pueblo en crisis, en cuyo seno operan unas instituciones que siente no pertenecerle, que percibe no estar a su servicio, sino en su perjuicio. De ellas, una reflexión personal expondré.

Poseemos un Congreso de la República encargado de garantizar nuestra libertad y anhelo de progreso mediante la elaboración de leyes. Sin embargo, en su interior encontramos un infierno habitado por cientos de demonios que pululan en sus cámaras orquestando la estrategia para someter y degradar al pueblo. Un cuerpo legislativo incapaz de representar a sus electores, quienes, por hipnosis o unas cuantas monedas, el voto a su favor depositan. La historia presenta a un Congreso de la República tomado por fuerzas oscuras, terribles y tenebrosas, por mafias, por grupos armados ilegales y gremios económicos cuya única finalidad es crear un ambiente propicio para la realización de sus intereses egoístas. En el pasado nos escandalizamos ante un Congreso tomado por grupos armados ilegales de derecha, hoy nos lamentamos por uno supuestamente al servicio de la guerrilla. Mañana lloraremos su toma por alguna otra facción delincuencial. Remota está la posibilidad de ver al pueblo allí posesionado, pues en dicha corporación es un extraño que no tiene voz, voto ni espacio.

La guerrilla de la FARC, la más antigua del continente, cuyos cabecillas daban órdenes a distancia y su pellejo al fuego jamás exponían, hoy ocupan sectores del poder público, sus delitos han sido perdonados, su seguridad garantizada y un jugoso sustento económico a sus cuentas bancarias mensualmente es depositado. No obstante, revelan las actuales circunstancias que su finalidad consistía en obtener una conquista personal, pues sus militantes, adeptos, y los hombres, mujeres y niños que sus filas armadas integraban, continúan sumidos en la pobreza, sin protección especial, expuestos a la persecución, asesinados en sus roles de líderes sociales, y otros a la guerra retornaron. Seguramente se preguntarán si valió la pena derramar tanta sangre, exprimir al pueblo con extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos, desaparecimientos forzados, para que sus líderes hoy incurran en los mismos actos que en el pasado repudiaban durante sus sesiones de adoctrinamiento. Se cuestionarán el haber permitido que los instrumentalizaran para favorecer a sus cabecillas en el emprendimiento del camino que los condujo a ocupar posiciones políticas en las que se deleitan con los beneficios de la clase burgués a la que tanto odiaban.

La incertidumbre que vive el país y la desazón generada por la clase dirigente tradicional ha creado un escenario propicio para que la democracia dirija su atención e incline su preferencia por sectores rebeldes, hoy en situación de legitimidad, y, por tanto, que la ideología de izquierda asuma el poder.

Pero necesario es reconocer que, indistintamente de quien ocupe el poder, el estado de cosas se mantendrá, se producirá un cambio de victimarios, y surgirá un nuevo administrador de los recursos públicos, el producto de la corrupción variará su curso, de las manos tradicionales se trasladará a las manos del poder naciente. Ningún Estado con ideología de izquierda o de derecha ha logrado hasta la época el bienestar social que proclaman las Constituciones. Mentiras, discursos, letras muertas y más mentiras. Por tanto, frente a la ideología de izquierda no hay que experimentar mayor miedo o desconfianza que el que se siente en la actualidad por la derecha. Incurrirán en los mismos atropellos, es inevitable porque el poder conduce a ello. Inconsciente es quien no advierta que las promesas de bienestar social expresadas por quienes detentan el poder son irrealizables. Por ello, en el futuro tampoco se eximirán del rechazo popular que estimularon en contra de las fuerzas políticas tradicionales. El tiempo me dará la razón.

Recordemos que, en un tiempo los colombianos confiaban en que el narcotráfico desaparecería al neutralizar al máximo cabecilla del momento, que la violencia cesaría con la desmovilización de las autodefensas, o con el reciente proceso de paz de las FARC, e incluso que las chuzadas ilegales jamás se repetirían con la liquidación del DAS. En el caso del narcotráfico el fenómeno se incrementó, los grupos armados y el DAS sus nombres cambiaron, y los actos nocivos y violentos que se repudiaban se repiten día tras día. En Colombia somos expertos en renombrar a los victimarios. Antes era Pedro, ahora se trata de Peter.

La representación política es una farsa. Quienes administran el poder público se autodenominan, “el gobierno”. Y la denominación es acertada porque nos gobiernan, antes se imponían mediante el terror de la sangre derramada con las espadas, luego por los cañones y bayonetas, y hoy por la hipnosis que nos induce a votar por ellos. Es una organización política ubicada al interior de un pueblo sin institucionalizar, de una población que no propone, que no gestiona, que no reclama, de una masa popular cuya iniciativa para intervenir es restringida, que históricamente se ha limitado a obedecer y a la que irónicamente contentan retornándole las vísceras del ganado que le roban.

La rama judicial es el fortín del Estado y la esperanza del pueblo. Tristemente desde hace años sus máximas corporaciones se encuentran cuestionadas y acusadas de solicitar dádivas para proferir sentencias. Escándalos por doquier, investigaciones mediáticas e interminables a sus miembros exponen.

Una rama del poder público que al pueblo confunde con sus estadísticas, y que mucho deja que desear en cuanto a la calidad del contenido de las providencias, o que te vence, no con la razón, sino por agotamiento ante la inagotable extensión de las sentencias. Expertos en citas e invocaciones de artículos foráneos e internos, pero inexpertos en el arte de la reflexión, en la capacidad de humanización del derecho. Voraces a la hora de exigir las formalidades, pero descuidados y desinteresados al momento de apreciar lo sustancial. Incapaces de despojarse de las pasiones que acompañan su humana condición, algunas veces niegan los derechos por rabia, por capricho, o porque el usuario justamente reclama con determinación. En la oscura fosa del olvido se encuentra sepultada la función principal de esta institución, ya no se pacifica a la sociedad enarbolando la bandera de la justicia.

Una rama del poder público que constitucionalmente reconoce la autonomía de sus jueces, pero que resulta inexplicablemente limitada en la práctica por las máximas corporaciones judiciales, so pretexto de garantizar la armonía en la aplicación del derecho, y que al Congreso de la República su función principal arrebató mediante la expedición de sentencias de unificación, actos a través de los cuales se legisla, sustituye, deroga o modifica a la ley. En otros casos encarna el papel de leyes interpretativas. Su obediencia está garantizada mediante la pena del prevaricato, y de esa forma a los jueces inferiores al terror de la ciega obediencia los somete. Una institución verdaderamente jerarquizada, con una línea de mando, de obediencia y sometimiento que nada tendría que envidiar en este aspecto a la Policía Nacional.

A los incautos nos confunden al hacernos creer que la falencia del sistema es atribuible a las leyes, a los códigos, al gobierno nacional, a la falta de personal, o a la insuficiencia de recursos. Sin embargo, cambian las leyes, derogan los códigos, aumentan las partidas presupuestales, crean rubros que irónicamente deben cancelar los usuarios para cubrir gastos del proceso, establecen jueces de descongestión e implementan nuevas tecnologías, pero el cáncer de la congestión judicial se conserva intacto.

La injusticia continúa ganando la batalla porque no es la norma la culpable, sino el sujeto que la administra. Sin embargo, con cada reforma simulan una nueva esperanza, un nuevo sueño que termina en pesadilla, y del cual despertamos mediante otra falsa reforma. La estrategia se perpetúa.

Llegamos al límite extremo de intolerancia y arrogancia consistente en que nada puede expresarse porque en nuestro país reclamar justicia es una ofensa que se penaliza con la pérdida del expediente, la fijación de audiencias en fechas muy remotas, o con providencias acompañadas del sello invisible de la venganza, y ese fresco inmoral que recorre el alma del servidor público luego de presenciar al usuario sus lágrimas derramar. No puede faltar el “ahí tiene para que chupe y deje de fregar.”

Algunos actúan como tiranos mientras ocupan el cargo, pero luego se convierten en feroces críticos cuando la condición de usuarios adquieren. Víctimas de sus propios actos y de las costumbres insanas que cultivaron en sus dependientes. Con el tiempo se concientizan que no había amor ni respeto, simplemente una relación de conveniencia, y despojados del poder, en una nueva presa se convierten. Ahora en sus gargantas se ahoga el grito de la justicia que negaban. Los leones del presente serán los borregos del futuro.

La Procuraduría General de la Nación, un órgano “autónomo”, se encuentra tristemente corroído por los congresistas, con quienes se pacta la elección de su máxima autoridad a cambio de la designación de los procuradores que aún no ocupan sus cargos en carrera administrativa, y a quienes dan órdenes a su antojo, siendo utilizados como perros feroces al servicio del gobierno nacional u otras autoridades en la tarea de perseguir a sus detractores. Autónomo en el papel, pero servil en la práctica. Un actor más que adorna la pantalla de los medios de comunicación.

Nuestra fuerza pública, hoy tristemente se encuentra en situación de descrédito. Instituida para garantizar nuestra independencia, soberanía, y propiciar el goce de los derechos y libertades públicas, pero en la práctica un monstruo terrorífico que asecha a los ciudadanos, los maltrata, somete, degrada, bien a través de balas, mediante descargas eléctricas e incluso a patadas nuestras vidas arrebatan. Policías formados en valores durante jornadas limitadas de tiempo, pero permanentemente expuestos a la corrupción por el abuso de sus superiores y la miseria de los salarios que reciben. Un patrullero, que escasamente devenga dos salarios mínimos, trasladado a tierras distantes de su lugar de origen, muchas veces por venganza, obligado a cancelar arriendo de vivienda, servicios públicos, que debe alimentarse, sostener su hogar, y cubrir el estudio de sus hijos con lo poco que le reste, y para colmo de males sometido a jornadas laborales ilegales que exceden la capacidad de resistencia humana, entre otros, no tiene un camino diverso que dejarse poseer por el demonio de la corrupción y la brutalidad. El juramento de cumplir fielmente los deberes termina cediendo su espacio por el terror y la presión jerárquica a la que es sometido y por el llanto de su familia.

La institución pretende ser transformada, anuncian reformas legales y estructurales rigurosas, pero lo que deben modificar es el comportamiento entre los miembros de la fuerza pública y los asociados. Rendir honor al recíproco trato respetuoso, el mismo que debe reinar en todas las relaciones de los servidores públicos y los usuarios. Las reformas sobran. Cumplir lo que existe nos convertiría en un deseado paraíso terrenal.

Ninguno de los aspectos socialmente deshonrosos comentados los estoy inventando, pues han sido revelados incansablemente por la prensa, la radio y la televisión. Por los medios de comunicación, quienes se erigen en garantes de la moral social, y asumen la responsabilidad de difundir veraz e imparcialmente la información. Sin embargo, diariamente reescriben la historia. En sus programas, generalmente, noticias desagradables se revelan. Son mercaderes del dolor ajeno y del caos un negocio convirtieron. El noticiero de la mañana no es para salir informado sino indigestado y aterrorizado. La emisión nocturna para pesadillas experimentar. Freddy Krueger sus métodos de terror envidiaría.

Pero los habitantes de Colombia experimentan un éxtasis morboso con las noticias sangrientas, con los escándalos de corrupción, el tráfico de influencias, las obras inconclusas, la violación de menores, el atraco callejero, el tráfico de estupefacientes y la estructura de las mafias. Al estilo de los antiguos emperadores romanos, los medios de comunicación nos entretienen con los espectáculos circenses de nuestra sociedad. En Colombia una noticia sana no tiene venta, el karma de bajo rating la lleva de la mano.

A causa de los horrores comentados, el ciudadano del común ha concebido la idea de que servir al Estado dejó de ser una dignidad. Lamentablemente en las actuales circunstancias identificarse como funcionario público constituye un descrédito, y entre más aumenta la lista de cargos ocupados, más extenso se presume el prontuario.

Nos distraen acusando de tiranos a los gobiernos vecinos por la notoria ocurrencia de actos que aquí igualmente ocurren. En Colombia también se padece de hambre, violencia, existen territorios en los que el Estado no hace presencia, en los que prima la ley del más fuerte. Hay millares de lugares y personas sin acceso a los servicios públicos, personas a las que se les cobra por un servicio de salud al que no pueden acceder, pacientes que fallecen mientras esperan el espinoso proceso administrativo de aprobación de procedimientos, consultas médicas en las que se obliga al médico a invertir mayor tiempo en recoger datos estadísticos que en atender al paciente e investigar la causa de su padecimiento. Un sistema que alivia el dolor, pero no erradica la enfermedad. Aquí en Colombia también se madruga para realizar largas e interminables filas para reclamar un medicamento que se ordena a sabiendas que se ha agotado el inventario, o para renovar una fórmula médica que se venció por las estrategias maquiavélicas de la misma institución.

En Colombia se venden las medicinas más costosas del planeta, y también se hace fila, incluso en tiempos de pandemia, para reclamar un puñado de alimentos que escasamente cubre el sostenimiento de dos días, pese a que llevamos 7 meses de restricciones. En nuestro país, en tiempos de pandemia garantizamos a los centros comerciales la venta de sus productos en lugares cerrados y peligrosamente concurridos. Pero las autoridades arrebataban los productos comercializados por el vendedor ambulante, y decomisan la carretilla y demás implementos destinados a la venta de productos del campo por parte del desposeído que lucha por sostener a su familia, pese a que ejerce el comercio en espacios abiertos que ningún riesgo generan a sus eventuales compradores. Un gobierno nacional y territorial tan terrible que en tiempos de pandemia prefirió adquirir bienes de protección sanitaria en el exterior y no apoyó a la industria

interna que había emprendido la tarea de solventar dicha necesidad. No hay que mirar afuera, aquí también reina el caos y la desventura.

Un país en el que las actividades ilegales generan mayor rendimiento que las actividades lícitas, tan reglamentadas, tan restringidas, tan cargadas de impuestos, tan menos atractivas. Un país en el que lo negativo genera mayor placer.

No podría afirmar que los habitantes sufren el dolor de patria porque hasta ese sentimiento y sentido de pertenencia se ha diluido. La aplicación práctica del concepto nos confunde por el trato que recibimos. Muchos sienten ser apátridas.

Hay razones para creer que Colombia es un Estado fallido. Un Estado al que nadie puede confiar la realización de sus expectativas sociales y mucho menos la proyección de su iniciativa privada, pues, aunque no la propicia, sí la obstaculiza. Pero estoy seguro que la transformación ocurrirá, se trata de ciclos sociales por los que inevitablemente debe transitar la humanidad. Hoy vivimos las vacas flacas, mañana el pasto de la consciencia social germinará y el ganado se robustecerá, también por tiempo limitado, como ocurre con todo.

Pese a las críticas expuestas, reconozco que existen servidores públicos muy valiosos en las ramas del poder público, los cuales se esfuerzan por aportar al cambio. Innumerables conversaciones he sostenido con varios de ellos, y hemos valorado las críticas con espíritu sano y desposeído de prevenciones. Pero lamentablemente algunos reconocen la veracidad de las críticas cuando están por fuera del poder y sin posibilidades para aportar, cuando de leones pasan a ocupar la condición de los borregos.

Sin embargo, convencido estoy de que este artículo despertará sentimientos negativos en mi contra y me traerá adversarios. Muchos de ellos serán personas que no leen con espíritu crítico, sino que se apasionan y experimentan un celo irracional por un poder que no les pertenece. Tal vez algún otro sector que le molesta que se concientice al pueblo, porque bruto y manipulable lo prefieren. Otros porque no ven en las críticas la oportunidad de mejorar, sino de incentivar el odio y propiciar ataques. En todo caso, es el precio que se paga por expresar la verdad, por ayudar al pueblo a que despierte su consciencia. El premio, simplemente saber que se actúa con buena voluntad. No hay nombres ni apellidos de individuos, sin embargo, quien sienta caerle el guante que se lo chante. Me limito a ejercer sanamente mi derecho a la libertad de expresión.

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