Por: Alvaro Echeverri Uruburu.
Posiblemente para la juventud de nuestros días le resulte desconocido saber que la historia oficial de nuestro país ha denominado los primeros años de nuestra independencia de España (1810-1816) con el nada atractivo calificativo de “Patria Boba”. Una revisión crítica de este período nos permitiría, quizá, efectuar un juicio mucho más certero con respecto a los acontecimientos de ese pasado, pero sobre todo, alejado de las creencias de los dirigentes posteriores del país que se han creído con mejores credenciales gubernamentales que sus predecesores, novatos en las lides políticas.
Desde luego que en esos primeros pasos de andadura independiente del férreo control del poder español, hablar de “Patria” en el sentido de un colectivo humano ligado por un sentimiento común de pertenencia a un pasado, e igualmente, identificado con un futuro que se quiere compartir, es evidente que entonces, no existió en lo absoluto. Por tanto, el muy ideologizado concepto de “Patria”, siendo rigurosos, como denominación estaría muy alejado de la realidad para designar a este período de nuestra historia.
En efecto, tan pronto Santa Fe de Bogotá crea su junta de gobierno a raíz de los acontecimientos del 20 de julio de 1.810, otras poblaciones de lo que entonces se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada, procedieron a hacer lo propio. Surgen entonces las juntas de gobierno de Cartagena, Pamplona, el Socorro, Tunja y Cali. Una semanas después lo hace la Provincia de Antioquia –que agrupó los Cabildos de Santa Fe de Antioquia, Medellín y Marinilla – y desde luego, por su importancia en esa época, la Villa de Mompox.
De entrada este movimiento “Juntista” se niega a aceptar un gobierno común y menos que éste tenga su sede en Santa Fe, la antigua capital del Virreinato.
Pero no sólo ese “localismo” insurgente acaudillado por unas élites afincadas en sus cortos intereses, conspiró desde el principio en el propósito de construir la unidad nacional, sino también las rivalidades existentes entre varias poblaciones de una misma provincia, como en los casos de Mompox con respecto a Cartagena o Villa de Leyva y Sogamoso en oposición a Tunja.
Por otro lado, ciudades como Pasto, Popayán y Santa Marta, decididamente afectas al régimen colonial por distintas razones: fuerte control del gobierno peninsular y el temor de las poblaciones indígenas a ser despojadas de sus resguardos por la dirigencia criolla insurgente, decidieron permanecer al margen del proceso independentista.
Durante esos breves años, antes de la feroz Reconquista Española, al mando de Pablo Morillo, se conformaron dos gobiernos rivales en el bando de quienes habían optado por la independencia, bandos que se enfrentarían en sucesivas guerras civiles que caracterizarían a este país, que como lo ha dicho el investigador Gonzalo España, “se hizo a tiros”. Por una parte, los primeros atisbos de federalismo con el establecimiento de “las provincias unidas” al mando de Camilo Torres Tenorio. Y su contraparte centralista, encabezada por Antonio Nariño en el novel estado de Cundinamarca.
Vale la pena destacar en todo este proceso, el maremagnum de contradicciones dentro del cual se movieron los primeros dirigentes del país: por una parte, mantenerse leales a un Rey de “Derecho Divino” y de otra, la realización de sus intereses económicos que suponían el fin del monopolio comercial español, así como la extinción de los resguardos indígenas a fin de apoderarse de las mejores tierras de cultivo. Dichos intereses eran obstaculizados por el poder de la monarquía española que se había mostrado infranqueable para modificar sus políticas en estos dos frentes de la economía colonial. El ideal abstracto de la fidelidad al monarca pronto resultó desplazado por la materialidad de los intereses económicos que animaban a las élites criollas.
Una concreta manifestación de las contradicciones que embargaban a estas, nos la ofrece el rescate de la designación para la región central del territorio neogranadino con el nombre de Cundinamarca, cuyo origen algunos estudiosos atribuyen a un vocablo quechua, mientras otros creen poder atribuirlo a la lengua de los Muiscas, pero que en todo caso quería significar “el lugar donde está el Cóndor”.
Resulta cínico este rescate de lo indígena, por parte de unas élites criollas que se consideraban tan españolas como los habitantes de la península. Así lo había expresado inequívocamente unos años antes, en 1.809, Camilo Torres en nombre de su clase en el más tarde “célebre” memorial de agravios, redactado por él con destino al Consejo de Regencia de Cádiz, que teóricamente ejercía el poder en España en nombre del “Rey Deseado”, Fernando VII, prisionero en Francia a órdenes de Napoleón Bonaparte. Y he aquí otro mito de la historia oficial: este documento fue remitido al órgano destinatario, pues la Real Audiencia de Santa Fe lo consideró demasiado severo en sus juicios con el régimen colonial. Sólo vino a conocerse cuando finalmente fuera publicado en 1.832, esto es, cuando la Independencia ya se había consumado y por tanto, no ejerció influencia alguna en los acontecimientos del período.
Pero esos mismos criollos que reivindicaban un antiguo nombre indígena, representados en la Junta de Gobierno de Santa Fe de Bogotá, decretaban pocos meses después de su constitución, en septiembre de 1.810 la disolución de los resguardos indígenas con el propósito ya mencionado, de apoderarse de sus tierras.
Indalecio Liévano Aguirre en obra clásica –varias veces reeditada– “Los Grandes Conflictos Sociales y Económicos de Nuestra Historia”, ha señalado, “…. En la reglamentación del decreto que disponía la liquidación de los resguardos… se puso en evidencia el fondo de la basta conjura fraguada para traspasar al área del latifundio criollo, las mejores tierras de los resguardos, tierras que para esa época tenían la más ventajosa situación económica, por su localización con los centros de demanda efectiva”. Para ello, se dividieron las tierras de propiedad común de los resguardos, asignándole a cada familia indígena un cuarto de hectárea y media. “lo cual creó –continúa Liévano Aguirre–, los famosos “sobrantes” de tierra… que fueron destinados para adjudicarse mediante subasta a terceros”. Tales “sobrantes” de los cuales se apropiaron los hacendados criollos, constituyeron una de las principales fuentes del latifundio y de la concentración de la propiedad agraria que subsiste hasta hoy en nuestro país.
Este proceso de despojo que condujo a la miseria a numerosas masas indígenas arrinconadas en las laderas de las cordilleras o en las tierras más estériles y alejadas de los centros de consumo, no obedeció pues a esos espíritus ingenuos, altruistas y románticos que la historia oficial nos ha querido presentar de los primeros dirigentes del país y que, para esa narrativa interesada, justificaría el apelativo de “Boba” para ese período inicial.
Con todo, habría que abonarle a esta élite codiciosa y egoísta, dos decisiones trascendentales: la supresión de la infame institución de la “Sagrada Inquisición” y la abolición de la censura al pensamiento libre que había impedido a las gentes de estas colonias acceder a los avances científicos, sencillamente porque estos se estaban produciendo en los países protestantes, lo mismo que conocer el pensamiento de los hombres de la “Ilustración” cuyas ideas contribuirían a transformar el mundo.
Otro aspecto no menos importante fue la expedición de Constituciones en las distintas provincias con ideas muy claras acerca de la limitación del poder de los gobernantes y orientadas a garantizar “los derechos inalienables del hombre”.
Como lo señala el historiador Jorge Orlando Melo: “la intensidad de esta tarea puede advertirse si se piensa que de un poco más de 20 constituciones escritas en los antiguos españoles entre 1.811 y 1.821, 15 se escribieron en Colombia.”
No puede olvidarse tampoco, que un sector de la élite criolla, imbuida de un honesto sentimiento humanitario, encabezada por un brillante humanista, José Félix de Restrepo y su primo, el primer geógrafo e historiador económico del país, José Manuel Restrepo, promovió en la provincia de Antioquia el primer paso para la supresión de la abominable institución de la esclavitud, en la “Ley de Vientres” que permitía a los hijos de madres esclavas, nacer en libertad. Igualmente, se impedía la prolongación de la infamia prohibiéndose el comercio de esclavos.
Luces y sombras pues, sobre este período tan poco conocido por los colombianos que nos hemos acostumbrado a celebrar las denominadas fiestas patrias sin conocer su verdadero significado y su trascendencia en el presente.