“En las sociedades movidas por el mercado se espera que los ambiciosos persigan sus intereses con vigor, y la distinción entre el propio interés y la codicia a menudo se difumina”. (Sandel, 2009, p.25).
Por: Ayda Luz Fontalvo Ferradanez.
El presente escrito, aborda el flagelo que viven los departamentos Atlántico, Magdalena y la Guajira con relación a los incrementos de las tarifas del servicio de energía que ha confirmado la empresa Air-e, correspondientes al mes de agosto y septiembre, donde se le atribuye un 9 % para el sector residencial y 5 % para el sector industrial. En este sentido, Jhon Jairo Toro, gerente general de la empresa, ha mencionado que el aumento se encuentra sujeto al nuevo marco tarifario definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (Amaya, 2021). Y que para nada va en contra de la legislación colombiana, toda vez que la factura de energía está compuesta por una tarifa que aprobó la comisión de regulación, más el consumo individual de cada uno de los clientes.
Además, la Ley 1995 del 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” aprobada por el Congreso de la República, en la Subsección 7 dedicada a la equidad para la eficiente prestación del servicio público de energía en la Costa Caribe, en el artículo 313, crea una sobretasa por kilovatio consumido, que estará destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial, esto con el fin de fortalecerlo y garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica. Señala textualmente que el incremento recaerá sobre: “…los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica”. Cabe mencionar, que lo mas paradójico del asunto es que se excluye al transporte masivo que se mueva con energía eléctrica. Aquí nos preguntamos, y ¿ese transporte existe en el Caribe colombiano?
Como consuelo a dicha situación, el gerente de Aire-e expone que va a hacer uso de la opción tarifaria para poder empezar a aplicar esos incrementos paulatinamente y que no se afecte la economía de las personas. De allí, que los incrementos son graduales en el tiempo. Sin embargo, afirma que, aproximadamente el 20 % de la energía que se consume en la Región es vendida por otros comercializadores, y estos, tienen la posibilidad o no de aplicar la opción tarifaria a sus clientes, por ende, podrían presentarse incrementos mayores. En este sentido, el gerente ha dicho: “ante esta situación es importante que los clientes hagan uso racional de la energía y de forma más eficiente para que el impacto sea mucho menor en la factura. Además, es importante entender que, la factura tiene unos componentes importantes de otros servicios que Air-e no opera, tales como como alumbrado público, vigilancia y en algunos casos aseo”.
Seguidamente, destacó que la calidad del servicio de energía ha mejorado en un 30 % con respecto al año anterior y agregó que de los 265 circuitos de media tensión, se han mejorado 214, “lo cual implica que los clientes están percibiendo un gran cambio en la prestación del servicio”. Sostiene, además, que estas medidas también sirven para hacer un llamado a la población para que denuncien el hurto de energía, que en el país escala al 17 % en promedio, y en el mercado de Air-e es del orden del 35 %”. (Amaya, 2021).
Por otra parte, ante esta situación los gremios han sentado su postura, la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI, 2021) expresó su preocupación por el incremento tarifario, puesto que golpeará las finanzas del segmento empresarial más importante del país. Por ende, impactando negativamente en la reactivación económica y en la estructura de costos de sus productos. Así mismo, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, agregó que en la región Caribe los aumentos tarifarios son exorbitantes para los usuarios y el sector productivo; de octubre de 2020 a agosto de 2021, el aumento es del 21,3%, pasando de 497,90 pesos a 604,05 pesos en el estrato 4, que no recibe subsidios para pagar la sobretasa. Seguidamente, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), menciona que el incremento en las tarifas se realiza de acuerdo con las inversiones, las cuales han tenido un retraso en la región Caribe.
De igual forma, el congresista Efraín Cepeda recalcó que este aumento fue avalado por la CREG; sin embargo, alertó que es un incremento “muy alto” debido a que los índices de pobreza e informalidad se han incrementado a causa de la pandemia. Pero que, si la empresa Air-e lo tenía presupuestado antes de la pandemia, debería haber una conversación a otro nivel, porque el consumo en estos departamentos es más alto por los factores climáticos. Siguiendo el orden, la representante a la Cámara Karina Rojano expuso que “el incremento de la tarifa está sujeta a las inversiones realizadas, cumplimiento de metas de calidad y reducción de pérdidas, aspectos sobre los cuales, no se tiene conocimiento a la fecha por parte de Air-e”.
Después de casi un año de operación del servicio, persisten las fallas generando así una deficiencia en su calidad. Por lo anterior, es primordial que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios requiera las cifras a la empresa.
Ahora bien, con base en lo anterior notamos una serie de actuaciones que van en contraposición a la equidad ciudadana, dado que el país afronta una situación crítica referente a la economía, a raíz de la pandemia Covid-19, lo que ha ocasionado que los índices de pobreza aumenten desproporcionadamente. Y, es la población vulnerable la que tiene una mayor afectación.
En este sentido, no se debe perder de vista que los departamentos del Atlántico; Magdalena y la Guajira, han sufrido durante décadas el flagelo de la corrupción a gran escala, lo cual ha dejado secuelas palpables en el tejido social, arrojando como resultado: en el caso de Magdalena y Guajira una posición muy precaria en las estadísticas del DANE (Semana, 2020), donde se registra mayor desigualdad en comparación con otros departamentos colombianos. De allí que, las estrategias económicas implementadas por la empresa Air-e no son adecuadas, porque tienen un impacto negativo en la economía de los ciudadanos. Adicionalmente, dejan entre dicho la ética de la empresa, ya que cuando empezó a prestar sus servicios en estos departamentos, argumentó que brindaría un mejor servicio a precios justos, por lo que según Air-e, ellos eran el mejor remplazo que se podía encontrar.
Y, hoy en la virtualidad sufrimos a gran escala, el flagelo de la energía eléctrica, en las clases muchas veces los profesores han tenido que trasladarse de un lugar a otro en busca del servicio. Así mismo, muchas veces hemos visto en la angustia del compañero, reflejada nuestra propia angustia cuando no podemos cumplir con el deber de conectarnos a clase, porque somos jóvenes que estamos comprometidos con nuestra formación, pero el talón de Aquiles siempre aparece para ser de las suyas.
En conclusión, lo más preocupante de la situación es que las autoridades estatales parecen sufrir de amnesia parcial cuando de corrupción se trata, no es posible que los mandatarios digan una cosa en campaña y luego hagan otra. Solo para traer a colación un ejemplo, recordemos que, en su momento algunos mandatarios insistieron mucho en posicionar a la empresa Air-e como una excelente opción para solucionar los problemas de electricidad acarreados por Electricaribe, pero a la luz del sol, todo quedó brillando por la ausencia. Cabe preguntarnos ¿dónde está la ética, y dónde quedan los derechos de los usuarios del servicio eléctrico?.