Por: Fare Suárez Sarmiento.
A muchos escritores en Colombia se les antoja asociar la corrupción con el narcotráfico. Pareciera como si hubieran nacido del mismo vientre geográfico, pero no es así; ni siquiera los aproxima algún parentesco etimológico, mientras que la separación del término narco y tráfico porta significados unívocos, la palabra corrupción no logra agotar su contenido semántico. Su aplicabilidad universal, incluso en los campos por fuera de nuestro dominio, da cuenta del grado de demonización que ha alcanzado como pandemia que pervierte y desacraliza las tradiciones profesas de la humanidad.
No hay dudas de que la corrupción no puede ubicarse en el tiempo. Ya se dijo que su universalidad le valía para expresarse en el rincón más recóndito del planeta. Todo parece indicar que ya se manifestaba mucho antes del bíblico suceso cuando Judas Iscariote vendió a Jesús a los romanos por treinta monedas de plata.
A diferencia del narcotráfico cuya paternidad fue reclamada por la mafia criminal, la corrupción no aparece como descendiente directa de la dictadura o de la democracia, del socialismo o del capitalismo, de la pobreza o de la riqueza, de la burguesía o del proletariado, del cristianismo o del ateísmo, sino que esgrime diferentes formas frente a cada escenario e irrumpe en todas las esferas de la sociedad sin importar reyes ni vasallos. Recordemos que en el pasado, los actores desde el “Privy Council” hasta la villanía cuando se referían a la corrupción tercerizaban la culpa, el yo pecador había que buscarlo en otras almas. Hoy, ya no es privilegio de los políticos, aunque la procacidad y el fariseísmo pretendan cubrirla con discursos moralistas vacíos. En el presente, la presión internacional y el señalamiento local han procurado ponerles nombre y apellido a todos los depredadores del erario –principalmente– sin que ello descuente la felonía de los organismos del Estado que han auspiciado el pillaje inmisericorde de las rentas de los colombianos.
A veces nos resulta difícil comprender por qué existen tantos racimos de pobreza en Colombia, si sólo las cifras de dinero corrompido circulante nos dicen la enormidad de nuestra riqueza.
Que Colombia es un chiste; es muy fácil reconocerlo. Cualquiera persona en cualquier idioma soltaría carcajadas al enterarse de que en Colombia el Zar anticorrupción era beneficiario directo de la epidemia que él debía combatir. Es decir, un corrupto que debía derrotar la corrupción, podemos tomarlo de extremo para que el país se percate de la inmensidad de esta práctica perversa que no reconoce Estado, país, región, clase social, ni mucho menos límites éticos. Tampoco su flujo se detiene en ninguna esfera de la sociedad: desde la casa Santa Marta, en el Vaticano hasta las cárceles y cementerios del mundo, impera la lógica del beneficio, de la ventaja, de la seducción, de la persuasión, de la extorsión, del chantaje y del canje, entre otras manifestaciones. Lo actual demuestra lo lejos que ha quedado la acepción de Amnistía Internacional al definirla como “el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.” Pero si los organismos de control, vigilancia y sanción forman parte de la empresa corrupticia, las complejidades para enfrentarla y minimizar su impacto se agudizan. No hablamos de erradicar o destruir, por cuanto el quiste maligno se halla camuflado entre las redes más altas de poder. Además, el país tendría que empezar por iniciar procesos de expropiación severos en los cuales ningún expresidente desde Rojas Pinilla hacia acá escaparía del cadalso, muchos de ellos con familia a bordo.
También hay que tener presente que el fenómeno en boca de la opinión pública, en imagen de los mass media y en cifras de las encuestas, generan una desconfianza que se acentúa, aun frente a rumores o chismes. De ahí que sea tan simple calumniar al otro no esperando un castigo legal, sino un repudio social. En otra vía, la legitimidad que otorga el hecho común o vox populi, favorece la voracidad de los corruptos quienes exhiben y ostentan sus posesiones y riquezas sin temores ni vergüenza. Hasta los hijos llegan a ufanarse de la habilidad de los padres para salir exentos de cualquier culpa delictiva. Familias enteras que en medio de la atmósfera que contiene densos elementos de cinismo e hipocresía, intentan devolver migajas de lo adquirido con vileza, repartiendo dádivas en las iglesias y orfanatos o juguetes a los niños más hambrientos, y de paso le hacen un guiño al niño dios.
Por lo menos los políticos sí tienen quien les escriba, al mejor estilo Garcíamarquiano. Ahora la mirada se desvía hacía muchos lados, sin detenerse mucho tiempo en un escenario específico dentro del entablado social. La gente les dio un respiro con el cartel de los sapos de Uribe, con los falsos positivos, con el votico de doña Yidis para la reelección, con las chuzadas del Das, con Agro Ingreso Seguro y cientos de eventos dantescos y vergonzosos que soportamos los colombianos por más de ocho años. Esa circunstancia les ha valido a los políticos izar la bandera de la corrupción para acabarla. El problema radica en que si todos ellos atentan contra la corrupción en el país durante la campaña electoral, sus barones, empresarios, patrocinadores y aportantes, retirarían su apoyo, debido al riesgo que correría su inversión si alguno de esos políticos se le ocurriera cumplir con el discurso de campaña. Pero ya lo anotamos: Colombia es un chiste.