LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL EN COLOMBIA ¿REALIDAD O UN ASUNT

LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL EN COLOMBIA ¿REALIDAD O UN ASUNTO PENDIENTE?

Por: Christian Rodríguez Martínez[1].

El pasado 9 de abril se constituyó el Colegio de Abogados y Abogadas de la Universidad del Magdalena, convirtiéndose en un referente entre las universidades públicas de la región caribe.

Este colegio busca ser es un espacio de colegaje pero también fomentar la capacitación permanente entre sus colegiados, así como desarrollar litigio pro bono en aquellos casos en los que las personas se les dificulte pagar honorarios para poder acceder a la justicia, el cual es un derecho fundamental de todos los colombianos, consolidar una bolsa de empleo y negocios para sus miemrbos; Consultorio Jurídico y/o Centro de Conciliación; barra de abogados (espacio académico de discusión); plataforma virtual -APP-, programa para la gestión de proyectos y emprendimiento, entre otros.

Los colegios de abogados en Colombia no le han dado el tratamiento que se merecen como si sucede en otros países en el mundo, donde estos son consultados de forma permanente en las distintas decisiones que se adoptan, regulan el ejercicio profesional, disciplinan a los profesionales del Derecho e incluso son centros de estudios superiores que otorgan títulos profesionales y posgraduales.

Las reformas a la justicia que se promuevan en el país deberían considerar la posibilidad de que los colegios de abogados pudieran administrar justicia conforme a lo establecido en el artículo 116 constitucional y así se podría contribuir a reducir los porcentajes de cogestión judicial que hoy azotan al país. Considero que es un camino razonable y adecuado que se debe explorar, tal como sucede en otras latitudes.

Así mismo, considero que a estas organizaciones profesionales se les debe permitir participar en la ejecución de la Ley 1095 de 2018 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”, ya que esta norma contempla que para poder ejercer la profesión los graduados de Derecho que inicien estudios a partir de la vigencia de la ley deberán acreditar la aprobación de un examen de estado que realice el Consejo Superior de la Judicatura o una Institución de Educación Superior acreditada por alta calidad, si el egresado no aprueba el examen no será habilitado para ejercer el Derecho. Esta norma debería modificarse para permitir que los colegios de abogados que existan en las distintas regiones del país puedan asumir esta responsabilidad, así como el seguimiento y control del ejercicio de la abogacía que tanto ha sido cuestionada los últimos tiempos.

Por tal motivo, aplaudo la conformación del Colegio de Abogados y Abogadas Unimagdalena, no obstante, también es motivo para invitar a la reflexión frente al alcance que pueden tener este tipo de organizaciones no solo en la dignificación de la profesión sino su contribución a su mejoría, control y seguimiento, ya que en el segundo país en el mundo con el mayor número de abogados y que cuenta en la actualidad con 188 programas de Derecho[2] se requiere un mayor control por parte del Estado y que este puede delegar en particulares como los Colegios de Abogados conforme a las normas constitucionales y legales que permiten este tipo de acciones, para que así se fortalezca no solo la idoneidad en la formación sino en el ejercicio profesional, en especial lo relacionado con el litigio y la administración de justicia a propósito de las distintas noticias que han surgido sobre el asunto, siendo la más reciente la condena en primera instancia a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia ya que fue encontrado culpable de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir por su participación y autoría en el denominado por la prensa “cartel de la toga”, en el que se encuentran implicados exmagistrados, exfiscales, abogados, entre otros.

Por último quiero destacar la conformación y puesta en marcha de este colegio de abogados en la región, así como la elección de su presidente el abogado Luis Carlos Simanca y sé que serán unos interlocutores permanentes con el programa de Derecho Unimagdalena y más en estos momentos en el que el programa se encuentra en un proceso de acreditación, toda vez que es un factor a evaluar la relación de sus egresados o graduados con su programa. No obstante, su creación invita a la reflexión y a retomar la pregunta ¿cuál debe ser el verdadero rol de estas organizaciones profesionales?, su respuesta es un asunto pendiente por regular y empoderar en Colombia.

[1]Docente de Derecho Constitucional, Procedimiento y Argumentación, Director del Programa de Derecho y Miembro Fundador del Colegio de Abogados y Abogadas de la Universidad del Magdalena.

[2]Cfr. https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas