Por: Ricardo Bolaño González.
Parece mentira que en una sociedad tan problemática como la nuestra, hace treinta años hubiesen podido convergir diversas fuerzas políticas en aras de establecer una hoja de ruta como lo que es nuestra Constitución Política de 1991.
Eso es lo primero que debemos reconocer, Colombia no se ha caracterizado precisamente por su pacifismo. El Siglo anterior inició con la famosa guerra de los mil días entre liberales y conservadores, y finalizó con un conflicto político–social con presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y aunque cueste reconocerlo, Agentes Estatales prestándose para conductas delictivas.
Y aunque nuestra Carta Política ha sufrido múltiples reformas, si algo permanece intacto es, tal vez, la modificación más importante frente a su antecesora, dejamos de ser un Estado de Derecho para convertirnos en un Estado Social de Derecho, origen de mucho de los males, para muchos de sus contradictores.
En efecto, hay una manera sencilla de entender ese cambio trascendental; antes de 1991 nuestro ordenamiento jurídico y toda su esencia giraba en torno a las Instituciones Político–Jurídicas, lo importante y sobresaliente era el respeto hacia la institucionalidad.
Hoy, no es que lo anterior haya cambiado, por supuesto que tanto particulares como autoridades debemos respeto a nuestro ordenamiento, pero ahora, bajo el entendido nada mas y nada menos que la salvaguarda de los derechos fundamentales de todo individuo.
Por tanto, para la interpretación y ejecución de cualquier norma todo funcionario no puede perder de vista principios mínimos tales como la vida y la dignidad humana. Ya no se trata de un acatamiento ciego hacia la Ley, es entender que toda actuación se sujeta a parámetros no sólo legales, sino constitucionales.
Este punto de inflexión nos muestra el por qué de la importancia de la Tutela durante estos 30 años, en todo este tiempo cada vez son más los ciudadanos conscientes de sus Derechos, y que entienden que los Servidores Públicos no están en sus cargos para hacer favores, están para cumplir con sus funciones sin amenazar ni vulnerar sus Garantías Constitucionales.
De ahí también se puede explicar el abuso que de ella se ha ejercido. En un Estado donde los procesos judiciales solían ser excesivamente formales y extensos en el tiempo, decirle a un ciudadano que contaba con una herramienta igualmente judicial, pero informal, preferente y sumaria, era prácticamente abrir la puerta a un nuevo universo jurídico, como al final lo fue.
Y si a todo lo anterior le agregamos la falta de políticas públicas encaminadas a satisfacer el bien común, y a fenómenos de corrupción que han generado la no distribución eficaz del bienestar social en toda la comunidad, era evidente que la Acción de tutela se iba a convertir en la herramienta ideal de aquellos que por muchos años no tuvieron voz.
No me detendré en sus logros, están ahí palpables. Treinta años después me atrevería a decir que un gran porcentaje de nuestra población conoce de su existencia, tan es así que es la hija y el rostro más visible de nuestra Carta Política, sin olvidar que, gracias a ella y pese a sus contradictores, seguimos insistiendo en un Estado Social de Derecho, con lo difícil que ello ha sido.