• Columna 7

LA SUPREMACÍA Y EXISTENCIA DE LA CONSTITUCIÓN ES UN COMPROMISO DE TODOS

Por: Cesar Fernando Mercado Durán. Abogado-Docente.


“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”.


José Ortega y Gasset.


El presente escrito es el escenario propicio para exhortar a todos los habitantes del territorio nacional a proteger la integridad y supremacía de nuestra amada y venerada Constitución Política, propiciando la integración de sectores sociales, políticos, jurídicos, religiosos y económicos, entre otros; con el único objeto de encontrar consenso entre todos y garantizar su efectividad como elemento esencial de un Estado Social y Democrático de Derecho, utilizando instrumentos valiosos de difusión como la academia e información.


Estado como el nuestro en el cual confluyan principios y valores propios de una democracia participativa amparados en la Ley fundamental. Lo anterior nos conmina a trabajar a favor de la defensa de la Constitución Política de 1991, la cual debe ser protegida, amparada y desarrollada de manera eficaz de acuerdo a los fenómenos sociales, jurídicos y políticos que enfrenta nuestra Nación.


Colombia debe conservar una división de poderes claramente establecido, con el debido equilibrio armónico entre las ramas del poder público, así mismo luchar cada vez más por la divulgación, protección y garantías de derechos fundamentales y la aplicación de un verdadero Estado de Derecho, con confianza en las instituciones y seguridad entre los asociados.


Tenemos un reto como sociedad de mantener incólume el principio de soberanía popular, siendo aun mayor la responsabilidad del pueblo de elegir correctamente a sus representantes de acuerdo a los postulados y acciones de estos, tendremos libertades y garantías aseguradas basadas en el bien común e interés general, durante 200 años más de historia constitucional con la misma Carta Política, jurídica y social de 1991, infundada como la norma de normas.


Actualmente es imprescindible una transformación especial de la Carta constitucional no solo en el aspecto dogmático sino en el orgánico, por lo cual es importante tener un consenso en lo fundamental para poder entender y posteriormente desarrollar nuestra vida en sociedad bajo un marco jurídico garantista, justo y eficiente, en el cual Dios, la vida, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad, igualdad y el debido proceso sean el eje fundamental del Estado.


Por tal motivo se establece que en una realidad jurídica donde se tiene un contenido constitucional abierto, que contempla una gama de derechos, principios y garantías que protegen a los administrados; se presente una ineficacia e ineficiencia de la justicia en el ámbito jurídico procesal, por el arraigo legalista de los jueces en la aplicación del principio de legalidad, desconociendo las nuevas fuentes, realidades y necesidades fundamentales, por ende es necesario hablar de una reestructuración o acuerdo en la justicia, unificación de criterios, aplicación y efectivizacion de derechos fundamentales y la no dilación en los procesos judiciales con altos índices de formalismos que en últimas generan injusticia y desconfianza de los administrados.


La Constitución de 1991 se considera una norma de carácter progresista, hecho que se refleja en la adopción del Estado Social de Derecho, donde prima el bienestar e interés general, por lo que nuestro ordenamiento rompió con los esquemas tradicionalistas impartidos en la Constitución de 1886, para dar paso a un sinnúmero de libertades, derechos e instituciones dentro de los que encontramos la libertad de culto, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, asimismo creó una jurisdicción especial regida por un Tribunal Constitucional que se encarga de la guarda y supremacía de la Carta Magna, entre otras funciones establecidas en el artículo 241 de la misma.


Por consiguiente se infiere que se evoluciona de un derecho extremadamente legalista tal como lo fue la Constitución de 1886, donde la interpretación del derecho se limitaba a lo estrictamente determinado en la norma y la garantía y protección de los derechos solo era una ilusión plasmada en el papel, a una idea liberal como lo es la Constitución de 1991 que da una visión reformada del derecho a través de la inclusión de derechos fundamentales y garantías jurídicas además del desarrollo de postulados sociales mediante la interpretación de la jurisprudencia emitida por el nuevo Tribunal Constitucional.


Con relación al nuevo enfoque de las funciones judiciales como emblema del Estado Constitucional, se tiene en cuenta que el juez constitucional concibe en su pensamiento los ideales del Estado Social de Derecho, es decir, que sabe que la administración de justicia no solo se restringe al desarrollo de asuntos jurídicos que diriman conflictos, sino que debe manifestar una percepción garantista del interés general, no permitamos el retroceso de nuestro derecho ni de nuestra justicia, son estas las medidas necesarias para avanzar y garantizar la humanización de las normas en el futuro.


De igual forma en 1991, se da una gran transformación en el territorio nacional con la vigencia de la Constitución Política actual, en el cual se instaura un Estado Social de Derecho, se consolida la forma de república unitaria con descentralización de sus entidades territoriales, la soberanía se convierte popular, se crean mecanismos de participación de manera directa a favor del pueblo, se fortalece la participación, el pluralismo y la democracia de acuerdo a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales del país. La modernización del Estado colombiano, introdujo los territorios indígenas, la posibilidad de creación de regiones administrativas y de planificación RAP, la ejecución de intereses comunes en entidades territoriales municipales como la zonas metropolitanas, la creación de distritos especiales y esto a su vez dividirse en localidades con autoridades locales autónomas.


La Carta Política del 91, consolidó la redivisión del poder público, el reforzamiento de poderes del ejecutivo como suprema autoridad administrativa pero indudablemente cada vez más la verdadera descentralización administrativa, transfiriendo funciones del nivel central a la nivel territorial, eso sí, para que estas actúen bajo su propio nombre y su propia responsabilidad.


Es inconcebible, actualmente bajo un Estado Social de Derecho, como una república independiente, unitaria y descentralizada administrativamente, personas jurídicas como departamentos o municipios no han permitido el impacto de otros territorios de manera positiva por el exceso de centralismo o la falta de capacidades de autogobernarse, por ende es necesaria la intervención de manera especial por parte del Estado en los asuntos locales, bajo la independencia y autonomía de cada territorio a fin de buscar un mayor desarrollo económico, político y social de las regiones en Colombia.


Hoy es el momento en que todos debemos trabajar en un mismo fin, a través de la participación, el trabajo mancomunado y la confianza, toda vez que las garantías están dadas, tanto constitucional como legalmente, soñemos en 200 años en territorios prósperos, auto sostenibles y eficientes administrativamente.


En conclusión, el Estado Social de Derecho que tuvo origen con el surgimiento de la Constitución Política de 1991, la ley y las preponderantes providencias emitidas por la Honorable Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Norma de Normas, se sigan perpetuando los principios de derecho público como de derecho privado a fin de integrarse legal y socialmente, respetando la dignidad humana y que la nueva estructura democrática y jurídica, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Como lo estipulo el Honorable magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en sentencia T-406 de 1992.


En últimas, la innovación de la Carta Política que cumple 30 años de existencia son los mecanismos de participación del ciudadano, dentro de su autonomía como sujeto de derechos y obligaciones, de no solo contar con catálogos de derechos, como ocurría en la Constitución de 1886, sino directamente dota de instrumentos para hacer efectiva todos los derechos y garantías, a través de las acciones de rango constitucional y legal, encaminadas a la satisfacción del bien común e interés general y no los intereses absolutistas, egoísta y arbitrarios que hoy se profanan en el territorio nacional generando polarización e incertidumbre a los asociados.


Bienvenidas todas las criticas, reformas y todas las alternativas de participación basadas en la Constitución y la ley. Es esta la manera de trabajar articuladamente para fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho, que soñamos en el cual el parlamento sea el verdadero representante del pueblo y garantice a través del control político las acciones del gobierno, la justicia se consolide como órgano independiente y unificado en sus decisiones, éstas amparadas en el imperio de la Constitución y la ley; de igual forma derechos fundamentales y colectivos de primera, segunda y tercera generación, se promulguen y garanticen de acuerdo a la realidades sociales, culturales y económicas del Estado.

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