Por: Jairo Arturo Fontalvo Sarmiento.
Desde la Constitución de 1886, el ordenamiento territorial en Colombia ha sido objeto de debates interminables y de innumerables reformas. El Estado Unitario ha tenido una serie de transformaciones y tendencias que invitan a la reflexión si seguir con dicho modelo, o buscar otras fórmulas de organización estatal que garanticen una mayor participación política y administrativa en las entidades territoriales, las cuales requieren una humanización responsable y sostenible en la distribución de sus competencias.
Después de un polémico debate sobre la escogencia de la forma de Estado en la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de 1991 confirmó una vez más el enseñoramiento del modelo unitario que durante más de un siglo se ha caracterizado por su resuelto estímulo al centralismo imperante, el cual ha tenido que desconcentrar gran parte de sus tareas a las oficinas territoriales, sin dejar de perder su poderío político y administrativo, razón que impulsa al constituyente primario hacia la defensa de las regiones, abriendo una fuerte tendencia en el unitarismo para conceder más autonomía a los territorios.
En América Latina, los Estados unitarios han tenido gestos que buscan morigerar el fenómeno centralista, como la creación constitucional de los principios de descentralización o desconcentración administrativa y la delegación de asuntos en diversas materias.
El modelo unitario está al borde de sufrir cambios estructurales que permitan una mayor flexibilidad y participación a las entidades territoriales, especialmente cuyas exigencias actuales suelen ser razonables y objetivas desde la óptica de las múltiples necesidades básicas insatisfechas que padecen sus habitantes, especialmente los de la Región Caribe.
Es un hecho ineluctable que las necesidades locales están supeditadas a la actuación imponente de los entes centrales, que a duras penas han dejado florecer a la Región Caribe a través de logros importantes como la influencia intelectual y cultural de la Liga Costeña, la institucionalización de los CORPES, las Corporaciones Autónomas Regionales C.A.R., la creación de un Canal Regional independiente como Telecaribe y la votación concurrida de 2.500.000 ciudadanos costeños que propugnaron por una mayor autonomía territorial.
Las autoridades costeñas están destinadas a visitar continuamente al gobierno central para la aprobación de sus recursos, disponiendo más su tiempo en los viajes realizados a la capital que a la atención prioritaria de la ciudadanía, es decir, su administración está condicionada a las presiones económicas de los gobiernos nacionales de turno, y viven con la ilusión indeleble de recibir la ayuda del presupuesto para solucionar todas sus vicisitudes.
El caribe colombiano posee características territoriales privilegiadas con una riqueza geográfica digna de aprovechar. Pero lamentablemente, las decisiones políticas no han sido las más acertadas para la organización y desarrollo de su territorio, lo que conlleva a la necesidad de realizar un estudio sobre los efectos que produce el proceso de Región Caribe frente a las transformaciones del Estado Unitario en Colombia, y en consecuencia, diagnosticar sus posibles tendencias hacia otra forma de organización estatal.
La fuerte y distante dominación del centralismo, y la imposición del unitarismo durante más de cien años, han hecho que las realidades territoriales carezcan de una mayor autonomía para el desarrollo sostenible de su cultura, población y territorio. De tal manera que el acercamiento de la institucionalidad a la ciudadanía costeña, va permitir conocer mejor sus deficiencias, y a partir de allí, crear soluciones tangibles que propicien una mejor calidad de vida.
Así las cosas, la fuente exógena de financiación de las entidades territoriales surge del actual modelo unitario que concentra todos sus recursos en el centro del país, y por tanto hace que la fuente endógena carezca de recursos suficientes para satisfacer el cumulo de necesidades que padece el territorio. Esto es, hay una desproporción entre la fuente exógena y la fuente endógena, pues la primera proviene de un ente desarrollado como la capital del país, y la segunda, deriva de entidades que necesitan recursos propios para el fortalecimiento de la salud, vivienda y educación.
Las morigeraciones que ha tenido el Estado Unitario desde la Constitución de 1991, son el resultado de la oportuna reacción de las comunidades regionales y locales frente al posicionamiento absoluto de las decisiones del poder central. De allí se desprenden dos conceptos: el de Transformación Jurídica Estatal, que surge de la necesidad razonable de toda comunidad a exigir más autonomía, y el de Tendencia Política Estatal, que nace del instinto que tiene el pueblo de escoger la forma de Estado que más le convenga de acuerdo a sus intereses culturales, sociales y económicos.
Colombia es un país de regiones, y por tanto se sugiere establecer un proceso de institucionalización que no solamente siente las bases políticas y territoriales para su desarrollo social, sino que sirva de acercamiento a la ciudadanía para la atención de sus problemas. Lo anterior obedece a que nunca un gobierno centralista va conocer en detalle los factores generadores de pobreza de las regiones, pues conoce temporalmente la manifestación de sus dificultades, pero no se detiene a batallarlas específicamente por la sencilla razón de su poder lejano y arbitrario, tal como sucede frente a la Región Caribe.