Por: Álvaro Echeverri Uruburu.
“La convivencia social exige la justicia. Esta tiene que ver no sólo con la ley sino ante todo con la verdad”.
A.E.U.
¿Puede una sociedad cualquiera discurrir pacíficamente sin que exista una institución política, es decir, por encima de los miembros individuales de aquella, que se encargue por medio de funcionarios idóneos, de proteger los derechos de todos y resolver sus disensos y controversias?
Cualquier persona razonable, casi que instintivamente, responderá que una tal sociedad que adolezca de esa instancia, necesariamente degenerará en la violencia de la “justicia por propia mano”, y de allí, a la anarquía y a la disolución irremediable.
Sin embargo, a raíz del covid-19, hemos asistido a un receso forzoso del aparato de Justicia del país por más de dos meses y del cual comienza a salir muy precariamente. En otras palabras, durante este tiempo los derechos de todas las personas han permanecido en total desprotección - salvo en los casos amparables por vía de tutela y los atinentes a derechos de libertad en los asuntos penales-.
A pesar de un hecho tan grave, los únicos que han levantado su voz de alarma y protesta han sido los abogados litigantes, y ello por la obvia razón de que los miembros de este gremio derivan la mayor parte de sus ingresos de la actividad litigiosa ante juzgados y tribunales. Nadie más que sepamos ha manifestado inquietud con respecto a la parálisis judicial que ha afectado al país.
Pero, esta situación de ataxia no es algo excepcional y producto sólo de crisis pandémica. En el pasado reciente, juzgados y tribunales han dejado de laborar durante días y meses como resultado de paros y cese de actividades promovidos por sus funcionarios. Por razones justas o no ese no es el caso.
Lo que asombra entonces es que el país haya continuado funcionando como si nada anormal pasara para la vigencia de la vida comunitaria pacífica.
Antes como ahora, uno se pregunta ¿acaso el país no requiere de la dispensa de justicia de parte del aparato institucional previsto por la Constitución para ello?; acaso la sociedad colombiana ha llegado a un punto de equilibrio y armonía tal, que los derechos de los ciudadanos no sufren ahora de ningún tipo de perturbación y menoscabo, haciendo, por tanto, innecesario el acudir al arbitraje judicial?
Desde luego que la hipótesis anterior es del todo irreal e inexistente. Por el contrario, como lo demuestra el informe elaborado por la Procuraduría General de la Nación dado a conocer la semana que termina, la demanda de Justicia ha crecido de los últimos años en un 264%.
Aceptando de entrada que existe una enorme pasividad ciudadana frente a casi todos los problemas que aquejan al país, producto tal vez de un sentimiento de fatalidad irredenta- “en este país nunca pasa nada”, “ni hay nada que hacer”, “este país no tiene remedio”- , esta pasividad con respecto al defectuoso funcionamiento del aparato judicial, es, a mí juicio, el resultado de la resignación ciudadana como consecuencia de la aceptación de parte de esta de la creencia de que los trámites judiciales están sujetos, indefectiblemente, a una morosidad y tardanza irremediables.
Esta resignación, con el tiempo se ha tornado en profunda desconfianza hacia la administración de Justicia del país, como lo demuestra una completa encuesta de la Universidad de los Andes, practicada a unos 19.000 hogares colombianos en 2018, que señala que sólo un 27% de los encuestados confía en la labor de jueces y magistrados.
Por su parte, el informe de la Procuraduría antes citado señala que un 80% de entrevistados considera que la justicia en Colombia no es igualitaria.
La desconfianza ciudadana no sólo tiene que ver con la ineficacia del aparato judicial- con independencia del buen desempeño y consagración de muchos funcionarios judiciales-.
El problema es de más hondo calado y tiene que ver con el comportamiento ético de muchos funcionarios de la rama, que ha quedado al descubierto con casos como el del ex magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt , que deshonró con su comportamiento el más respetado de los tribunales de Justicia del país y que inexplicablemente permanece “sub judice”, esto es, sin sentencia definitiva de parte de su juez natural, la Corte Suprema de Justicia, no obstante haber sido despojado de su investidura por el Senado de la República, lo cual no ocurría de parte de esa corporación desde 1959, cuándo fue condenado por indignidad el General Gustavo Rojas Pinilla.
Pero, sin duda, los hechos que han escalado los más altos niveles de corrupción, han tenido que ver con lo que los medios llaman “ El Cartel de la Toga”, que comprometió a cuatro ex-magistrados de la Corte Suprema de Justicia- tres de ellos ex-presidentes de la misma y uno ya recluido en prisión-, que en asocio con un alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación, que ostentaba irónicamente el pomposo título de “Fiscal anticorrupción”, se dedicaron a manipular los procesos que obraban en esa corporación en contra de reconocidos políticos vinculados a grupos paramilitares.
Dentro de este panorama lamentable, que justifica la percepción ciudadana acerca de la corrupción en la justicia, cercana a un 34% de acuerdo a los entrevistados en el informe de la Procuraduría, no es posible pasar por alto una situación que contradice la necesidad de presentar a la administración de Justicia como intachable desde todo punto de vista, al permitirse que varios magistrados seccionales, acusados y procesados por graves delitos, permanezcan impávidos en el ejercicio de sus cargos, bajo el discutible argumento, de acuerdo a las circunstancias, de la presunción de inocencia.
Frente a estos hechos de excepcional gravedad y de muchos más, cuyo registro ocuparía demasiado espacio -como el significativo número de jueces y fiscales que pagan cárcel por corrupción-, no deja de ser inquietante el silencio que han guardado y las ningunas medidas de rediseño académico acordes con la crisis ética de la justicia, que han debido adoptar las escuelas y Facultades de Derecho del país, pareciera que tantos hechos lesivos al orden democrático no tuviera nada que ver con los formadores de esos jueces, magistrados y fiscales corruptos. El desempeño de los profesionales jurídicos es una responsabilidad que no pueden eludir los centros de formación, como bien lo señala el reconocido jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, a propósito de la crisis del sistema judicial de su país, desde luego, de unas dimensiones infinitamente menos graves que las del nuestro.
Por el contrario, en muchas de esas instituciones educativas, se entroniza el facilismo académico y se trata con lenidad excesiva las debilidades morales de sus estudiantes.
El desconocimiento o la incompetencia para abordar con rigor los problemas de la administración de justicia, queda al descubierto al conocer las posiciones recientes de la actual Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco.
En efecto, en artículo suscrito por ella, aparecido en el diario El TIEMPO (Julio 11 del 2020), en un lenguaje tecnocrático, que en nada se refiere a problemas de fondo, se dice por ejemplo:
“ Los S.I.J. [Sistemas Locales de Justicia] han logrado generar sinergias entre todos los actores de la justicia, presentes en los municipios, agrupados en f) comunidad II) administración municipal, IV) justicia comunitaria y V) justicia propia o ancestral...”.sic
No se ofrecen en el artículo resultados concretos de este programa de “Justicia regionalizada” el cual, se insinúa, viene operando en todo el país, pero al leer el informe de la Procuraduría, tantas veces citado, nos enteramos de que dicho programa se desarrolla como piloto solamente en un lugar de la geografía nacional: en el Charco, Departamento de Nariño.
El artículo de la ministra es pues, un buen ejemplo de elusión acerca de los problemas que afronta la administración de justicia y de cómo el lenguaje críptico de la burocracia oficial opera para ocultarlos.
Infortunadamente el tiempo del actual gobierno, desde un principio huérfano de objetivos estratégicos en todos los frentes de la vida social, irá tocando a su fin amarrado a administrar la crisis de la Pandemia, dejando al próximo gobierno la tarea de emprender una nueva reforma judicial- una de las tantas y fallidas, desde el célebre decreto de Bolívar de 1824, que entre otras disposiciones, condenaba a la pena de infamia a los jueces prevaricadores-.
Reforma que ojalá se concerte no con las altas cortes sino fundamentalmente con la ciudadanía, como lo pide el Presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos: “ La confianza de la ciudadanía en la justicia regresará si la propuesta de reforma es construida por la ciudadanía” (Diario El Tiempo, julio 23 de 2020).
P.D. : Cuando el presente artículo ya había sido enviado para su publicación, el Diario EL TIEMPO del día viernes 24 del presente mes registra la noticia según la cual el Ministerio de Justicia ya tiene un borrador de reforma judicial, concertada con las cortes y que no se sabe si será presentado este año o en el próximo. Ya nos referiremos al mismo en otra ocasión.