LA LUCHA POLÍTICA POR LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO

Por: Ariel Quiroga Vides. Abogado.

En Derecho, es un absoluto error considerar que todo está dicho, que todo es inamovible, que los conceptos han llegado a un estadio de perfección y desarrollo total, y que no serán modificados dentro de los siguientes siglos, puesto que la historia nos ha demostrado que por mas solidas que sean las convenciones sociales sobre una u otra materia, éstas al final se mueven junto a los cambios que las nuevas generaciones van impulsando.

Tomamos el relevo de las gentes del pasado, y en ese sentido, comparto la cita que el profesor Álvaro Echeverri Uruburu, quien fue constituyente y otra cantidad de vainas loables e inalcanzables por ahora para mí, quien además, en una columna me entregó el honor de ser refutado por él, lo cual debo decir, fue una experiencia cercana al sadomasoquismo, (emoji de diablito), manifestó unas palabras que atribuye a Marx, “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (que claridad tan hpta). Por fortuna, nuestra pesadilla se llama Estado Social de Derecho. (Obra del profesor Álvaro: Historia y Filosofía del Derecho Occidental, pág. 23, párrafo 6)

No explicaré las diferentes concepciones de libertad, dignidad y Estado según la época, porque esa es una explicación apenas obvia como innecesaria, para fundamentar que las cosas en el Derecho van cambiando, toda vez que el Derecho como sistema de regulación sigue una senda indisoluble al lado de los cambios políticos, y como le entendí al maestro Carlos Arturo Gómez Pavajeau en una clase que recibí de él, los principios políticos (como la dignidad humana) terminan siendo principios jurídicos; entonces, nunca un abogado debe anclarse en conceptos como si estos fueran inamovibles, pues al final, el Derecho se nutre del devenir de la realidad social. No obstante, esto no significa entonces que todos los días deben cambiar las directrices de aplicación de las normas por nuestro capricho interpretativo o por las nuevas locuras que a un grupito de seres humanos con anhelos de reconocimiento se les ocurra (tendencias pendejas de las generaciones presentes), sino que el Derecho y su representación normativa debe ser originada y aplicada en observancia de principios constitucionales que se nutran a su vez de las orientaciones de instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

El Derecho en Colombia y su representación normativa dio un vuelco a la constitucionalización a partir de 1991 (Carta Superior), y con ella al país se le incluyó en el flujo internacional de las tendencias en modelos de Estados Sociales de Derecho y en la globalización comercial de bienes, servicios e ideas. Tenemos una Constitución de avanzada, que se mueve al ritmo de las interpretaciones de la Corte Constitucional, que a su vez, ha aceptado la ideologización de la jurisprudencia constitucional bajo los prismas del progresismo político, por que debo decirles algo claro, el derecho no es ajeno al devenir político, les recomiendo revisar el libro: la jurisprudencia constitucional como fuente obligatoria del derecho-una aproximación desde la ideología jurídica al discurso de la Corte Constitucional colombiana, del Dr. Juan Felipe Orozco Ospina.

Ahora bien, los avances constitucionales (nivel nacional) y de instrumentos de Derechos Humanos (nivel internacional), dependen en gran medida de las luchas políticas (al final todo es político) entre sectores de presión de la gran sociedad (los dos niveles), que en algunos sentidos caminan uno detrás del otro en la misma senda, pero en otros van por caminos distintos, de ahí la gran diferencia entre sistemas de garantías de derechos humanos que existe en gran cantidad de países de occidente en comparación con los países de oriente.

En Colombia, esa lucha a muerte de las ideologías políticas que aspiran a ser dominantes, para a su vez engullir a las tendencias jurídicas y tenerlas como par, o en mejor aspiración, como hijas de las primeras, está representada en la aceptación en gran medida de la constitucionalización de todas las ramas del Derecho, y en la otra orilla, por la oposición a ella, cargada de la pretensión de volver a criterios más conservadores, propios de un Estado liberal de derecho, mas no de un Estado social de derecho.

El tablero de ajedrez político-jurídico se configura al mismo tiempo en diferentes niveles orgánicos, pero aquí nos interesa el nivel judicial, aquel en donde el suscrito se gana el sustento. (Aunque lo observo en las demás esferas, pues para vivir mejor hay que saber a dónde va el mundo y como tomar partido, manejando las coherencias personales, claro está).

Ha sido la Corte Constitucional, la que ha impulsado la lucha por impregnar la creación y la aplicación de las normas bajo criterios constitucionales y de Derechos Humanos, esta es la institución que bajo ideología política progresista, desde el año 1991, viene moldeando la identidad y realidad jurídica colombiana, pues, si no fuera por ella estaríamos a merced del Congreso de la Republica y las diferentes autoridades del ejecutivo, con capacidad de creación normativa, que hay que decirlo, en su mayoría son estamentos ocupados por atarbanes (y atarbanas para que no haya lloratón) que poca formación jurídica poseen.

Al revisar los libros del Derecho de los Jueces y los Eslabones del Derecho de Diego López Medina, pude apreciar como la Corte Constitucional, se ha ensalzado en una lucha con el gobierno de turno, por hacer valer su jurisprudencia como fuente formal del derecho, no solo de aquellas que determinan la exequibilidad o no de una norma, sino incluso de las sentencias de tutela, pero el contrincante no se ha quedado solo recibiendo golpes, pues ha impulsado leyes en el congreso y decretos, con el fin de restarle poder a la Corte y devolvérselo al legislativo y al gobierno.

Esa pugna en las grandes esferas también se vive en los estrados (sentido amplio) sin importar la jerarquía; los abogados litigantes, que, en su mayoría, sobre todos los pelaos de mi generación, (31 años con inicios de irreversible alopecia), nos enfrentamos (sin generalizar) a jueces, magistrados, fiscales, comisarios de familia, inspectores de policía, procuradores, contralores etc., que desean aplicar las normas a raja tabla, ignorando las interpretaciones de la Corte Constitucional, manifestando en algunos casos cuando hacen un esfuerzo mayor, que siguen la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y en otros, las directivas y orientaciones documentales de sus superiores jerárquicos. También nos encontramos con funcionarios que están tan constitucionalizados, que, “aplican sin meditar lo que la Corte ha dicho sobre un tema, cuando tal vez, ese pronunciamiento se escapa a los detalles de un caso en concreto, tornándose para esa circunstancia como violatorio de derechos individuales o colectivos.

En definitiva, la lucha al parecer por la constitucionalización está ganada, por lo menos en apariencia, pero la carnicería se sigue dando en todos los niveles, dejando víctimas (impunidad, fallos condenatorios injustos, reconocimiento de derechos absurdos o negación de ellos), a su paso, sobre todo en los estrados (sentido amplio), donde los que estamos en la cola de la cadena, no solo luchamos por una mejor aplicación del Derecho, sino también por lograr mayores avances de este.

Pero recuerden lo que dije al principio, y así lo creo, el Derecho es hijo del devenir político, por tanto, todas las garantías que hoy poseemos y que han sido victorias de una lucha en occidente por más de tres siglos, pueden cambiar en pocos años, por un vuelco del poder, cuyas últimas tendencias apuntan al ascenso del autoritarismo, pero, con democracia simulada, que puede venir vestida o con el rojo izquierdoso, o con el azul godo, o con la “corrección política” del centro. Como nota final, aplaudo lo que está sucediendo en Irán, ya es hora que el legado de discriminación de género de la revolución islámica sea expulsado de la gran nación persa.

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