Por: Rosember Rivadeneira Bermudez.
Recientemente en nuestro país cobró importancia un tema que, desde la constitución de 1991 fue proclamado, y que la ley 30 de 1992, entre otras reglas jurídicas nacionales, incorporaron en su contenido. Me refiero a la educación pública gratuita.
Al momento de publicar la presente reflexión ha disminuido la temperatura que acompañó a la discusión, pero ello no quiere decir que ha perdido vigencia la problemática, razón por la cual resulta oportuno contribuir en la concientización del pueblo, pues a la fecha la necesidad no se encuentra satisfecha de una manera permanente y universal.
Dada la importancia que la formación académica representa para el desarrollo científico, político, económico, tecnológico y cultural de la nación, la Constitución política de 1991 consagró en el artículo 67 que la educación en las instituciones del Estado será gratuita.
Con la aparente ausencia de carga económica en la educación pública se pretende transformar al ser humano, como miembro de la sociedad, en una persona de espíritu reflexivo y orientarlo a la conquista y goce de su autonomía. Para el logro de este cometido, el Estado garantiza la puesta en marcha de unos escenarios en los cuales el individuo reciba estímulos intelectuales que le permitan desarrollar libremente su pensamiento y de esa forma contribuya al fortalecimiento del pluralismo ideológico. Como resultado de ello, la sociedad dispondrá de una universalidad de saberes que resulten útiles para resolver las necesidades particulares de las distintas formas culturales existentes en el país. En este sentido se genera una relación de mutuo beneficio, pues cada individuo, en la búsqueda de perfeccionar su ser, contribuye al perfeccionamiento de la sociedad a la cual pertenece.
Ahora bien, la materialización del mencionado proyecto social está sujeto al recaudo y destinación de unos recursos económicos. Por ello, la ley 30 de 1992, en el artículo 86, estableció que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.
La simple lectura de las normas comentadas y su confrontación con el factor temporal y la cruda realidad, permite advertir que estamos en presencia de una norma constitucional y otra legal que fueron expedidas hace 30 años, pero su propósito, hasta el día de hoy, en lo que respecta al acceso gratuito a la educación pública no se ha cumplido. Ello, por ausencia de voluntad política de quienes nos representan en los cargos de elección popular, pues estos son los encargados de aportar al robustecimiento del presupuesto de los entes educativos. La Nación y los entes territoriales siempre han contado con los recursos económicos para ello, pero lamentablemente nuestras autoridades les han dado una destinación contraria a los propósitos constitucionales. Entendiendo esta expresión, no exclusivamente en el sentido de destinaciones presupuestales irregulares, sino en la búsqueda de fines que no contribuyen al desarrollo integral del individuo, que es el objetivo primordial del Estado.
En lo que al recaudo de los recursos económicos destinados para la educación pública gratuita se refiere, es pertinente recordar que el presupuesto de las entidades públicas, cualquiera que sea el nivel o sector al que pertenezcan, está conformado con los aportes que realizamos los habitantes de Colombia, sin distingo de sexo, raza, origen o condición económica.
El funcionamiento estatal depende de la contribución económica que realizamos, la cual es administrada por nuestros representantes, quienes crean un fondo destinado a elaborar un presupuesto y planificar una serie ingresos, gastos e inversiones. Se trata del dinero del pueblo, no de las autoridades, ni de las instituciones, entes ficticios, creados para canalizar la voluntad popular y el anhelo progresista de la nación.
Sentadas estas explicaciones previas, opino que la educación pública gratuita no existe. Dicha categorización constituye un sofisma. Una venda que los gobernantes colocan en nuestros ojos para impedirnos ver que se trata de una redistribución de los aportes que en el pasado y en el presente estamos realizando para el sostenimiento del aparato institucional, el progreso económico y cultural del pueblo y la materialización de los derechos fundamentales del individuo. Creo pertinente realizar esta precisión para que despertemos del letargo de estupidez en que nos tienen sumidos por nuestra falta de iniciativa popular y extraña complacencia en la ignorancia.
Podría afirmarse que no me asiste la razón cuando afirmo que la educación carece de gratuidad, y se enrostre la circunstancia de que miles de estudiantes no realizan pagos anuales o semestrales por acceder a la educación pública. A esto respondería que, ciertamente el estudiante favorecido, en el momento que disfruta del beneficio, no asume el costo directo de su formación. Pero ello se debe a que otros ciudadanos cubrieron dicho importe por él, esto es, los contribuyentes, el pueblo, los actores que intervienen en la actividad productiva. Son estos quienes están generando y aportando los recursos para satisfacer dicha necesidad.
Incluso, el estudiante favorecido contribuye a dicho fondo cuando adquiere un bien, recibe el suministro de un servicio, o ejerce una actividad gravada con impuestos. Esto es, participa en la generación de recursos destinados a cubrir, entre otras, la necesidad de formación académica de los habitantes del país.
La aparente “gratuidad académica” no es atribuible al político o representante de turno. La función de este empleado consiste en tomar una porción de nuestros aportes, los impuestos, y destinarlos al cubrimiento del mencionado fin social.
Y valga la pena resaltar que dicha actividad constituye un deber legal, no un acto de genialidad, heroísmo o patriotismo de nuestros representantes políticos, es decir, en palabras más comprensibles y reales, del empleado del pueblo. No es una decisión para aplaudir, pues se trata de un compromiso adquirido a partir del momento en que fueron elegidos o designados, previo conocimiento de las problemáticas y necesidades existentes, así como de las normas que los exhortan al deber, y a cambio de la justa remuneración percibida, pues la representación política no es gratuita.
En tal sentido, cumplir el deber de implementar la “gratuidad” de la educación pública no puede convertirse en un fortín político para asegurar los votos de las próximas elecciones y mucho menos para segregar a la población. En ambos casos se victimiza al pueblo al sacar provecho de su ignorancia en los asuntos que le conciernen y de los beneficios constitucionales a que tiene derecho.
Ahora bien, la ausencia de implementación universal de este propósito, el acceso a la educación, revela que la voluntad de quienes nos gobiernan está direccionada a mantenernos sepultados en la fosa de la ignorancia, impidiendo el despertar popular y postergando la realización de nuestros derechos inalienables. Su propósito consiste en convertirnos en eternos dependientes de las migajas que dejan caer en nuestras manos producto del pan que nos han arrebatado.
La ausencia de implementación de la gratuidad revela igualmente que quienes administran nuestros recursos están destinándolos al cubrimiento de actividades menos atractivas para el desarrollo de los habitantes, al mejoramiento de su calidad de vida y el restablecimiento de su dignidad. Prueba que existe una incorrecta administración y distribución de los aportes del pueblo, y, por tanto, un desconocimiento voluntario de la voz y el mandato popular materializado en las normas que deben acatarse.
Teniendo en cuenta el origen de los recursos que deben emplearse para garantizar el acceso a la educación pública, puedo afirmar que la “gratuidad” es un beneficio que el pueblo debe agradecerse así mismo. El titular de este beneficio, al transitar por las calles inseguras de nuestro país, mentalmente debe expresar su agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma aportan para su progreso, su bienestar, el de su familia y al desarrollo de su país. Lo expuesto, sin llegar al extremo irracional de desconocer la eventual correcta labor de quienes nos puedan representar en el futuro, pues tal comportamiento revelaría la coherencia y honestidad de sus discursos, e igualmente la sincronía entre el pueblo y sus mandatarios.
Antes de finalizar el presente escrito, previendo que estas humildes y bien intencionadas reflexiones pueden caer en manos de algunos empleados del pueblo, quiero formular los siguientes interrogantes:
1. ¿Qué les ha impedido cumplir con el mandato constitucional a través del cual se garantiza el acceso gratuito a la educación pública?
2. ¿Qué obra o inversión pública se encuentra por encima del desarrollo del ser humano y que justifique conservar al pueblo cubierto con el tenebroso velo de la ignorancia?
3. ¿Por qué presumen de un protagonismo cuya titularidad le corresponde al pueblo?
4. ¿Por qué nuestros mandatarios son cada vez más ricos y el pueblo cada vez más pobre e ignorante?
Estas líneas, escritas en un lenguaje sencillo, carente del vocabulario jurídico y político técnico, las expresé con el ánimo de contribuir en el despertar de la consciencia ciudadana, para que el pueblo levante la mirada, tome la brújula de su destino y redescubra la importancia de la educación como elemento necesario del progreso de las naciones. Para que recuerde el magnífico e ilimitado poder que se desprende de su rol como constituyente primario, y del cual me referiré en otra oportunidad.
No pretendo, con ocasión al presente escrito, ser señalado como miembro de corrientes o partidos políticos de izquierda, de la derecha o del centro, pues no tengo filiación política con ninguno de ellos. Mi filiación y pertenencia es con el pueblo al cual pertenezco y con el cual sufro en igualdad de condiciones. Al fin y al cabo, todos los partidos políticos han revelado su incapacidad y falta de interés en el desarrollo de este país, la derecha porque promete y no cumple, y la izquierda porque pretende arruinarnos a todos, ese es el derecho de igualdad que realizarán en la sociedad, pero la ciudadanía no reacciona porque está siendo víctima de un discurso que despierta sus pasiones y emociones, pero al tiempo adormece su razón. Una ciudadanía a la cual su capacidad de razonar ha sido colocada en estado de coma inducido por parte de sus dirigentes.
Oremos por el pronto despertar de todos.