• Columna 7

LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN

Actualizado: jul 8

Por: Rafael Porto C.


En su mensaje al Congreso de 1852, el presidente de la república José María Obando anunció la separación de la Iglesia y el Estado. Al año siguiente, hizo alusión al patronato regio, consistente en la facultad de decidir en lo concerniente a los nombramientos de las autoridades y dignidades eclesiásticas y del gobierno de la misma.


Respecto a los bienes pertenecientes a la Iglesia y a sus asociaciones religiosas, el gobierno ya había principiado a apoderarse de ellos desde tiempo atrás. Las rentas eclesiásticas, habían sido suprimidas al terminar con los censos y capellanías.


Ahora bien, es de suma importancia recordar que al posesionarse en la Presidencia el primero de abril de 1853, en su alocución, el presidente Obando anunció la separación de la Iglesia y el Estado: “tocará [al gobierno] cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes, mantener la supremacía del poder civil y defendiendo los fueros nacionales de toda usurpación”. Esta decisión implicó el cambio de la Iglesia de la Colonia a una institución vinculada con la independencia.


La Constitución de 1853 reconocía el derecho a la libertad religiosa –artículo 5, numeral 5–, no obstante, las conductas del Congreso y del ejecutivo eran visiblemente contradictorias y contrarias a la Carta, al perseguir los bienes de la Iglesia, privándola de sus rentas.


Las voces liberales no callaron con esta decisión estatal, por lo tanto, propusieron la celebración de un Concordato entre la sede Romana y el gobierno de la Nueva Granada con el fin de evitar el enfrentamiento y de eliminar las arbitrariedades y la persecución.


El perfeccionamiento del Concordato no se logró, por el contrario, se mantuvo la expulsión de los jesuitas, la pugna religiosa se sumó a las tremendas luchas sociales, políticas y económicas.


El 15 de junio de 1853 se dictó la Ley por la cual se prohibió a los jesuitas volver al país (artículo 8º). También se eliminó el patronato y el fuero eclesiástico, por esta razón la competencia para conocer de los delitos imputados a los miembros del clero le correspondía a la justicia estatal.


Entre 1853 y 1861 se expidieron disposiciones normativas relativas a los bienes eclesiásticos: la Ley de 30 de marzo de 1854, por el cual se cedieron las ruinas del edificio antiguo de la Compañía de Jesús en Panamá a la instrucción pública y la Ley del 24 de abril de 1855, relativa a los bienes de las comunidades religiosas.


Ahora bien, la mitad del siglo XIX estuvo marcada por el posicionamiento de los liberales en el gobierno. Con ellos llegaron importantes cambios, como, por ejemplo; la abolición de la esclavitud, la separación de Iglesia católica y el Estado y el establecimiento del libre cambio. Para la época se presentó un contexto apropiado para el avance democrático, que podría resumirse en un auge económico, cultural e institucional en busca de ideas igualitarias y pluralistas del ciudadano; sin embargo; basándose en las banderas regeneradoras de finales del siglo XIX se iniciaron procesos que buscaron el orden desde perspectivas de homogeneidad y con tendencias discriminatorias y exclusiones clasistas.


Los anteriores procesos vieron la luz con la suscripción de la Constitución Política de 1886 y una especie de trinomio entre el partido conservador, la religión y el Estado que pretendían adoctrinar a la población a través de la lengua, las ideas conservadoras, las creencias religiosas y la centralización política.


En la Constitución política de 1886 la religión católica, apostólica y romana se impuso como el credo de la Nación así: “La Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como elemento esencial del orden social. (...)”.


Por otra parte, la Iglesia católica quedó facultada para orientar la educación pública, pues en el artículo 41 de la Carta de 1886 se lee: “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica”.


Lo anterior fue posible por la firma del Concordato en 1887 entre el Estado y la Santa sede, de esta manera, la Iglesia comienza a impartir los contenidos para la escuela pública basados en la religión, además de su intervención en asuntos matrimoniales y de legislación civil.


El campo económico también hizo parte de este empoderamiento, pues se reconoció la exención de impuestos y la indemnización a la Iglesia católica por la confiscación de bienes eclesiásticos que se presentó a mediados del siglo XIX.


La consagración del país al sagrado corazón llevada a cabo por Miguel Antonio Caro –uno de los fundadores de los ideales de la regeneración–, es uno de los factores que afianzaron la relación entre la Iglesia y el Estado colombiano en manos del gobierno conservador.


Más adelante, ya en el siglo XX bajo el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) soplaron vientos de cambio. En su gobierno se pretendió adaptar la sociedad colombiana a las nuevas realidades nacionales e internacionales a través de un proyecto denominado “revolución en marcha”; allí se planteaba como eje fundamental la separación definitiva del poder temporal del espiritual, pues la Iglesia contaba con un gran poder al ejercer en todos los sectores de la población una influencia espiritual y cultural.


El gobierno de López Pumarejo propuso: la libertad de conciencia y de cultos, el matrimonio civil, la abolición del nombre de Dios del preámbulo de la Constitución. En cuanto a la educación, la reforma fortaleció la intervención del Estado en materia educativa y estableció: la libertad de enseñanza, y a su vez proclamaba la educación laica, obligatoria y gratuita.


No obstante, una vez regresaron los conservadores al poder en 1946, la Iglesia siguió interviniendo libremente en todos los asuntos de la sociedad, respaldados nuevamente por el gobierno.


Se puede decir, que el problema no se generó por la existencia de la religión católica, el problema radicó en el auspicio otorgado por los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, que valiéndose de la Constitución y la ley, implementaron el catolicismo “integral-intransigente”; imposibilitando de esta manera la coexistencia de diferentes corrientes del pensamiento religioso, impidiendo la diversidad étnica y cultural, haciendo apología a la discriminación clasista, polarizando a la sociedad con el propósito último de perpetuarse en el poder.


Finalmente, con la Constitución Política de 1991 se comienza a construir una nueva sociedad, empezando por los constituyentes, pues estos formaban parte de varios grupos que antes se encontraban marginados y que nunca pensaron integrar un cambio constitucional tan importante, porque lo que debe quedar claro es que la Carta de 1991 es la única en toda la historia de Colombia que ha sido producto del conceso nacional, porque las demás (Constituciones) fueron conquistas de los distintos actores y partidos políticos mediante revoluciones, pues, como dice Valencia (2010) “de ahí la Constitución como campo de batalla”.

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