• Columna 7

IMPUESTOS Y MALESTAR SOCIAL

Se procedía a la estimación del gasto y el Senado aprobaba por Decretum la cantidad [acordada]... precisamente, un Edicto del 210 (a. C.) volvería a exacerbar los ánimos en un clima de movilización social contra un poder que dictaba impuestos sin control popular”.


“Roma Corrupta”, Pedro Ángel Fernández Vega.


Por: Álvaro Echeverri Uruburu.


El aparte transcrito de la importante investigación del profesor Pedro Ángel Fernández Vega, sobre el fenómeno de la corrupción en la República Romana (“Roma corrupta”. Ed. Ateneo, 2017), catedrático de la Universidad de Cantabria, España, ilustra bastante bien como desde la época de esa República, los excesos en la imposición de tributos a los ciudadanos, era causa de enormes manifestaciones de rechazo de parte de estos, que terminaban por hacer retroceder a las autoridades en sus afanes alcabaleros.


Y no ha sido el caso de Roma, ni el único ni tampoco el más notable. Quiero recordar aquí, cómo el desmedido cobro de impuestos, más allá de lo posible y racional, ha conducido a revoluciones y transformaciones sociales que han cambiado el curso de la historia de muchos pueblos y naciones.


Para comenzar, la célebre “Carta Magna” de 1215, que los constitucionalistas consideramos como el comienzo de los procesos políticos que conducirían a la democracia moderna, fue el resultado de la rebelión de la nobleza Inglesa (eclesiástica y civil) en contra de los desmanes tributarios del rey Juan “sin tierra”, necesitado de recursos monetarios para pagar el tributo anual debido al Pontífice Romano a fin de que les levantase el interdicto (suspensión del suministro de los sacramentos a los fieles) al que había sometido al reino inglés para doblegar al monarca que había desafiado la voluntad del más poderoso Papa medieval, Inocencio III a propósito del nombramiento del primado de la iglesia de Inglaterra. Interdicto que aquél no levantó, entre otras cosas, sino cuando recibió la primera remesa del tributo.


Como se sabe, a partir de la suscripción forzada de la Carta Magna, los Monarcas ingleses estarían sometidos a dos grandes limitaciones a su poder: el primero sobre la bolsa, obligando a los sucesivos reyes a depender del Parlamento para la aprobación de los impuestos, de acuerdo a la vieja fórmula, “no hay impuestos sin representación”, que condensa el principio de legalidad tributaria que ha llegado hasta las democracias modernas.


La segunda limitación referida a la libertad de los súbditos que no pueden ser capturados ni sometidos a prisión de forma arbitraria y que mucho más tarde, ya en el siglo XVII, dará lugar al derecho de “hábeas Corpus”.


El segundo gran acontecimiento que nace de los problemas y afugias fiscales de un Estado, lo proporciona la célebre Revolución Francesa de 1789.


La monarquía francesa había apoyado a los colonos norteamericanos en su lucha de independencia de la corona inglesa. Dicho apoyo que de acuerdo con los historiadores fue definitivo para el logro de la independencia y Constitución de los Estados Unidos como nación, para Francia significó movilizar más de 12.000 soldados, barcos y armamento a más de 6.000 km de distancia. Ese esfuerzo bélico le costó 13 billones de dólares actuales, ocasionando la más grave crisis fiscal, acentuada por el hecho de que los prestamistas internacionales, Suiza y Holanda, se negaron a otorgar más créditos al Estado francés en bancarrota.


El monarca francés, Luis XVI, acudió en vano a la creación de nuevos tributos en cabeza de los sectores privilegiados del clero y la nobleza, que indignados rechazaron toda posibilidad de pagar impuestos, obligando al Rey a deshacerse del ministro Necker, autor de la imprudente propuesta de gravar a las clases altas de la sociedad francesa.


El parlamento de París, que era un órgano judicial y no legislativo, pero que tenía la función política de Registrar las leyes aprobadas por el monarca, dándoles vía libre a su aplicación pero siempre y cuando fueran conformes a “la Constitución y leyes del reino”, produjo durante este período de crisis distintos pronunciamientos diciéndole al monarca, por ejemplo, que “la voluntad del Rey no basta por sí sola para hacer la ley”, negándose, días más tarde, a apoyar nuevas recaudaciones de impuestos, insistiendo en que “la reunión de los Estados Generales- órgano representativo de los tres estamentos básicos de la sociedad francesa, el clero la nobleza y el llamado “tercer estado” constituido por comerciantes, artesanos y profesionales liberales como abogados, médicos periodistas etc.-era “precondición de imposiciones tributarias futuras” (Simon Shama, “Ciudadanos­­–crónica de la Revolución Francesa”). Fue precisamente la elección y las sesiones iniciales de los Estados Generales, convocados sin mucho entusiasmo por Luis XVI, los hechos que dieron origen a la Revolución Francesa, ya que la célebre toma de la fortaleza de la Bastilla el 14 de julio de 1789 por parte de las masas populares de París, se efectuó para apoyar a los Estados Generales cuando estas decidieron convertirse en Asamblea Constituyente para darle a Francia una “Constitución que limitase los poderes del Rey” y ante las supuestas amenazas del monarca de disolverla violentamente.


Y llegados a nuestras tierras, no puede olvidarse que fue la política impositiva de la dinastía Borbónica española, la que provocó la Insurrección Comunera de 1781, en el Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia.


Los monarcas Borbones decidieron que las colonias en América tenían que ser productivas para España. Esto supuso entonces una reorganización administrativa del régimen colonial con la finalidad de obtener un aumento importante de las cargas impositivas para los habitantes de este continente. Se creó así, la figura de un Visitador Regio, un funcionario casi superior al Virrey respectivo, encargado de reestructurar todo el sistema tributario del virreinato granadino. Aparece aquí la odiosa figura del nombrado Visitador Regio, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres –el Carrasquilla de la época–, que para lograr la reorganización de las rentas, aumentó gravámenes, revivió viejos impuestos, muchos de los cuales se cobraban con flexibilidad o simplemente no se cobraban, “controló el contrabando en la Costa e hizo cobrar con rigor los impuestos de aduana... dio una estructura firme a los monopolios [estatales] del tabaco y el aguardiente... aumentó las alcabalas [impuesto pagado por el vendedor en los contratos de compraventa] y sometió todo el comercio a un rígido sistema para cobrar impuestos sobre las rentas”. (Jorge Orlando Melo, “Historia mínima de Colombia”).


La insurrección contra la política fiscalista de Gutiérrez de Piñeres, se inicia en el Socorro y Charalá y recoge el rechazo de campesinos, artesanos, indígenas e incluso de prósperos comerciantes de la región, que asumirán la dirección del movimiento y qué más tarde habrán de traicionarlo, como su jefe máximo Juan Francisco Berbeo.


La movilización entre 16.000 y 20.000 personas, que se nutre de todos los inconformes por los distintos pueblos por los que pasa la marcha, sólo puede ser detenida en virtud de las “capitulaciones” que las autoridades españolas, desprovistas de ejércitos, se ven obligadas a suscribir, prometiendo al movimiento popular lo que en secreto juran no cumplir, todo ello con la bendición de la iglesia en cabeza el Arzobispo y futuro Virrey Antonio Caballero y Góngora.


El resto de la historia es conocida – o al menos lo era, hasta que el Ministerio de Educación suprimió la enseñanza de la historia nacional en escuelas y colegios–: el levantamiento armado de un Caudillo popular y carismático José Antonio Galán ante la felonía del gobierno español; la primera liberación de los esclavos negros efectuada por Galán en Honda; su captura propiciada por la traición de sus antiguos jefes comuneros; su ejecución y descuartizamiento; su cabeza desmembrada exhibida en una jaula por distintos pueblos para escarmiento de potenciales rebeldes.


A pesar del fracaso de la insurrección comunera, ella demostró que el poder colonial estaba agotado y que este podía ser derrotado si todos los sectores de la sociedad colonial se unían en este propósito, tal como pudo lograrlo años más tarde Simón Bolívar.


El recuento histórico anterior, que ha ligado distintos procesos insurreccionales contra las políticas tributarias de los gobernantes del momento, nos lleva a preguntarnos si a raíz de una Reforma Tributaria que pretende el actual gobierno, la más lesiva y ominosa de todas cuantas ha padecido el país, no estará conduciendo a una situación pre- insurreccional, que necesariamente no tendría que ser violenta y armada.


Porque, lo que resulta innegable es que los más variados y amplios sectores de la sociedad colombiana, manifiestan una enorme hastío y cansancio con el establecimiento político, cada vez más corrupto y alejado de la actual realidad del país y que, a más de ello, ha mostrado su carácter despiadado con esta Reforma en los actuales momentos en que la epidemia del Covid ha aumentado en cuatro millones más el número de personas en condiciones pobreza y miseria absoluta “monetarias”, según los datos últimos del DANE.


El rechazo ciudadano, que viene de atrás y que obedece a diversos motivos de inconformidad, liderado por una juventud cada vez más consciente y comprometida con la suerte del país, en alianza con una dirigencia sindical debilitada por las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, está llamada a producir cambios estructurales, lo mismo que a legitimar nuevos liderazgos políticos que sustituyan a las viejas élites agotadas y sin horizontes de esperanza.


Ello, lejos de constituir una amenaza para la democracia, como parece entenderlo el ex-Senador Álvaro Uribe Vélez, hará más real, viva y cercana la democracia para el hombre del común, cómo fue y es el propósito de la Constitución de 1991, próxima a cumplir treinta años de vigencia.

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