Por: Jairo Arturo Fontalvo Sarmiento.
La gobernabilidad es la capacidad técnica y administrativa que tienen las autoridades políticas para ofrecer un conjunto de acciones a los ciudadanos, dentro de un marco legítimo y democrático.
Colombia es un Estado Unitario, esto significa que el poder central es el encargado de gestionar las labores ejecutivas, legislativas y judiciales en todo el país, sin que exista una libre gobernabilidad en los entes territoriales para el manejo de materias importantes. Solo operan como divisiones creadas para administrar los recursos y hacer cumplir las directrices del centralismo imperante.
El barco imponente del centralismo, hace que los entes descentralizados se desvíen a la orilla de la autonomía relativa. Sus límites exagerados vulneran los valores democráticos en los territorios.
A lo largo de la historia, el monopolio centralista ha generado muchos malestares en la ejecución de los programas políticos de los gobernantes locales. Ha propiciado una eventual desatención en las necesidades de los ciudadanos. Ha ayudado a establecer regiones privilegiadas y otras marginadas. Es culpable de obstruir cualquier canal de participación de la sociedad civil en la administración de sus intereses, en fin, es un factor que arremete contra la idea de un país con desarrollo armónico y verdaderamente democrático.
Las últimas Constituciones colombianas han construido la consolidación del edificio infalible del centralismo. ¿Será que el Estado Unitario es el modelo territorial que necesita un país cuya característica principal es su diversidad humana, ambiental y cultural? La crisis pandémica ha demostrado la inconveniencia del absolutismo decisorio del libreto central. Se requiere una participación activa de las diferentes expresiones territoriales de producción económica.
La dimensión del problema territorial en Colombia es más de sentimientos de cambio hacía otro modelo, que de seguir conviviendo bajo la rutina improductiva del unitarismo. Es más de corazón Caribe que de oligarquías elitistas y centralistas. Es más de pluralismo democrático que de individualismos políticos.
Es el pueblo soberano quien debe reconstruir de manera estable la gobernabilidad local. No se trata del pueblo en armas que defiende y lucha por supuestos ideales políticos, sino del pueblo productivo en todos sus contornos.
Se deben aprovechar las fortalezas geopolíticas de Colombia: sus diversas regiones le permiten afrontar los retos de la globalización y a relegitimar el Estado. Se requiere una sociedad reconstruida con normas ecológicas satisfactorias, y con una mejor disposición de los espacios y recursos. El mundo globalizante actual debe corregir su inequitativo y desigual rumbo. El departamento como entidad territorial no es más que un costoso complejo montaje burocrático, sólo genera recursos para medio sobrevivir y no se proyecta hacia la comunidad.
La gobernabilidad de las regiones no ha podido ser defendida a cabalidad. Los proyectos están supeditados a lo que se apruebe en el presupuesto de la Nación. Además, solo pueden usarse los recursos en la forma ordenada por la ley y por los mandatos de la autoridad central. Finalmente, la labor de los gobiernos territoriales se ve limitada por los planes nacionales a los cuales deben someterse.
Dentro del mundo jurídico no existe un criterio doctrinario unánime en torno a la forma de Estado que debe adoptar Colombia a partir de los preceptos constitucionales actuales, o si es necesario realizar una reforma constitucional que implante de manera clara y precisa el Estado autonómico en nuestro país. Lo realmente importante es la adopción de una nueva forma de Estado intermedia entre el Estado Unitario y el Estado Federal, que tenga como propósito la redistribución del poder público como condición para mejorar el ingreso, reducir la brecha social y ampliar la democracia.