El Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró el viernes pasado que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a todos los Estados a trabajar juntos, en conjunto con otros actores, para implementarlo.
La resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones: Rusia, China, India y Japón.
Con esta resolución, también se trata de proteger los sistemas naturales, que constituyen condiciones previas fundamentales para la vida y el sustento de todas las personas, sin importar el lugar donde vivan.
La decisión puede entenderse como un homenaje a décadas de arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como de las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas, los ambientalistas, los activistas y todas las personas que han abogado por el pleno reconocimiento internacional de este derecho.
Es menester, que para los defensores de los derechos ambientales, exista una especial protección, los Estados deben no solo proteger sino empoderar a estos guerreros del planeta, pues no se debe olvidar que el año pasado un número importante sufrieron ataques o fueron asesinados, y en Colombia no solo se asesina a quienes intentan proteger el medio ambiente, no en vano hay personas que hablan de “la muerte de la naturaleza”. No hay derecho, entonces, que tan solo en 2020 hayan perdido la vida 65 líderes ambientales por defender los bosques y los ríos del país.
En definitiva, la adopción de la resolución es un hito para la justicia ambiental, pues este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972 y casi cincuenta años después, es muy alentador ver que se reconozca formalmente a nivel mundial mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.