Por: Alvaro Echeverri Uruburu.
“La forma de sanar la sociedad de la violencia y de la falta de amor es reemplazar la pirámide de dominación con el círculo de la igualdad y el respeto”.
Manitonquat.
“Guardar silencio ante el crimen es convertirse en su cómplice”
Expectativas de paz
Seis masacres en una misma semana, que sumadas a las 34 ocurridas durante el corriente año, con un total de 179 víctimas, colocan a Colombia en el vergonzoso primer lugar en el mundo con el mayor número de homicidios por millón de habitantes.
Hace apenas dos años, el país comenzaba a gozar de una atmósfera cargada de optimismo y esperanzas a raíz de la suscripción de los Acuerdos de Paz del gobierno anterior con las guerrillas de las FARC, el grupo armado ilegal más antiguo y poderoso del hemisferio occidental.
Regiones castigadas durante años por la violencia, tanto de las guerrillas de extrema izquierda, como de las fuerzas paramilitares de extrema derecha, comenzaban a disfrutar de una tranquilidad desconocida por mucho tiempo.
El otro grupo guerrillero importante, el ELN, había comenzado una nueva tratativa de negociaciones con el gobierno y como primer fruto de estas, había decretado una tregua unilateral de acciones ofensivas, que en general seguía cumpliendo hasta el inicio del gobierno actual.
En este ámbito esperanzador y desconocido desde hacía muchos años en el país, se llevó a proponer por parte del jefe de uno de los más poderosos grupos ilegales, surgidos a partir de la desmovilización de las autodefensas campesinas-AUC-, y dedicados al negocio del narcotráfico, propuso el inicio de negociaciones con miras a su desmovilización y sometimiento a la justicia.
Las fuerzas armadas que habían participado en las negociaciones con las FARC por medio de oficiales activos, contaba con unos mandos militares de honor, que entendieron el nuevo papel que correspondía cumplir al aparato armado del Estado en la etapa del posconflicto, contribuyendo a la consolidación de la paz en todo el territorio nacional de acuerdo a la llamada “nueva doctrina militar”.
Un hecho simbólico, interpretado por muchos como el signo de la nueva etapa en la que entraba el país, lo constituyó el hecho de que el Hospital Militar Central de Bogotá, durante varios meses, dejó de recibir su cuota permanente de soldados y oficiales heridos en acciones de orden público.
Colombia, que por mucho tiempo había sido considerada por las agencias de viajes y algunos gobiernos como un país que ofrecía serios riesgos de seguridad para cualquier visitante, comenzó a figurar, gracias al proceso de paz, como un lugar atractivo para el turismo internacional, alcanzando durante unos años la cifra de 5’000.000 de visitantes al año, lo que permitió que llegara a pensarse que habíamos ingresado a la llamada “industria sin chimeneas” y a un nuevo factor de impulso al desarrollo económico del país.
No todo era idílico
El acuerdo con las FARC, con todo, no significaba, ni podría significar, existiendo otros poderosos agentes productores de violencia, la conquista de una paz completa y definitiva. Tan sólo se trató de una primera cuota de un largo y difícil proceso de pacificación del país.
De una parte, sectores minoritarios de las FARC, se negaron a incorporarse a las negociaciones con el gobierno y rechazaron finalmente lo acordado por sus jefes naturales con el gobierno. A pesar de su aparente escasa importancia desde el punto de vista numérico y operativo, cabría aquí la hipótesis de si su crecimiento exponencial durante los dos últimos años, no se debería al ingreso de desmovilizados de las FARC, temerosos por su vida a raíz del creciente número de excombatientes asesinados en todas las zonas del país donde aquella guerrilla había tenido presencia.
Otro factor de inestabilidad lo constituía la existencia de distintos grupos ilegales ligados a las actividades del narcotráfico y cuyo poder de intimidación de la población civil se puso de presente en varias ocasiones particularmente en la costa Caribe, por medio de órdenes de cesación de las actividades cotidianas en poblados y ciudades- incluso de desarrollo intermedio como Santa Marta-, cada vez que uno de sus jefes era capturado o caía abatido en enfrentamientos con la fuerza pública.
Se desvanece la Esperanza
En sólo dos años, de un sentimiento de esperanza con respecto a un futuro promisorio para el país, hemos retornado a la pesadilla de las masacres, de los asesinatos de líderes sociales, desapariciones forzadas y desplazamiento de comunidades enteras. Paralelo a estos hechos luctuosos ya conocidos, el asesinato de casi 200 excombatientes de las FARC que creyendo en la buena fe del Estado, se acogieron al proceso de paz e hicieron dejación de las armas.
Colombia parece estar condenada a repetir el mito griego de Sísifo. Cada vez que el país intenta salir de la barbarie, pareciera que interviniese una fuerza telúrica que lo arrastra nuevamente hacia el abismo de la irracionalidad.
Pero en verdad, no existe una tal energía metafísica. El retroceso que vive el país en todos los aspectos de la vida social, tiene autores y responsables conocidos, correspondiendo a un plan previamente concebido expuesto inequívocamente por el presidente del Senado perteneciente al Centro Democrático, el día de la posesión del Presidente Iván Duque Márquez.
En primer lugar, el gobierno actual así el presidente Duque no lo quiera reconocer, amparado en el cinismo de su respuesta a un periodista a propósito de las muertes de varios menores en operaciones aéreas de las fuerzas militares, “ ¿de qué me hablas viejo?” o en el eufemismo terminológico de los “homicidios colectivos”, para eludir el hecho indiscutible de la ocurrencia de masacres durante su gobierno, lo cierto es que este, lo mismo que el partido que él representa, tiene la más alta cuota de responsabilidad en el retorno a un trágico pasado de horror.
En efecto, en vez de “hacer trizas” los acuerdos de paz con las FARC, como lo pedían los sectores fanatizados de su partido, Duque escogió el camino hipócrita y sibilino de su desmonte paulatino mediante el incumplimiento de aquellos aspectos de dichos acuerdos que buscaban atacar las causas estructurales generadoras del conflicto interno- cuya existencia su jefe político siempre ha negado-, como el reparto y titulación de tierras baldías en las zonas mayormente azotadas por la violencia; la negativa al otorgamiento a estas zonas de representación política en el legislativo; la disminución de recursos para estas; el de los programas de reparación administrativa a las víctimas del conflicto y devolución de las tierras que fueron objeto de despojo por parte de los grupos armados que hoy se encuentran en poder de poderosos industriales para el desarrollo de cultivos comerciales, así como el recorte de los recursos destinados a la reincorporación de los excombatientes. (Diario El Tiempo, 27 de agosto del 2020, pg 1.5.).
Y todavía más grave: la ausencia de un plan concreto para enfrentar los asesinatos de los reincorporados de las FARC. Si bien, estos crímenes comenzaron a ocurrir en el gobierno pasado, tan pronto se suscribieron los acuerdos de paz, esta circunstancia no puede excusar la inacción e incompetencia de la actual administración para atacar las causas profundas del fenómeno: la continuidad y el reavivamiento en algunos casos de los grupos paramilitares de extrema derecha, que el Estado, en los acuerdos de paz, se comprometió a combatir, cómo la más grave amenaza para el afianzamiento de la paz.
Igual situación de inoperancia caracteriza a este gobierno con respecto a los asesinatos de líderes sociales que ocurren día a día - expresión literal y no metafórica-. A la pasividad gubernamental se une el menosprecio e insensibilidad por esta tragedia cotidiana manifestada por la ministra del interior, cuando comparó las muertes violentas de los dirigentes sociales y comunitarios, con las que deja la resistencia de los ciudadanos comunes cuando los delincuentes pretenden apoderarse de su celular.
La suspensión de los diálogos con ELN, como consecuencia de las exigencias del gobierno acerca de puntos que deberían ser producto de acuerdos en la mesa de negociaciones, provocó la reactivación del accionar violento de esta guerrilla en sus zonas de influencia y que comenzó con el ataque bárbaro y sin sentido contra la Escuela de Formación de la Policía, General Santander que dejó un saldo de 22 jóvenes cadetes asesinados.
El propósito de reavivar el conflicto interno, también quedó de manifiesto con el cambio de los altos mandos militares, exigido por los sectores ultra del Centro Democrático. El nuevo comandante del ejército procedió a redactar unos protocolos idénticos a los que en el pasado estimularon los mal llamados “falsos positivos”, que gracias a la denuncia de un medio de comunicación extranjero obligaron a su retiro. También hace parte de ese nefasto pasado, la resurrección de la teoría contrainsurgente de la década 70- 80 del siglo pasado del “enemigo interno”. A esa teoría, que incluye como enemigos a todos cuantos no comulgan con el gobierno de turno, correspondió la práctica de los llamados “perfilamientos” de políticos, periodistas, dirigentes sociales, etc., realizada por los organismos de inteligencia del ejército nacional.
Infortunadamente para el país, la pandemia provocada por el covid-19 y que obligó al confinamiento ciudadano, paralizó a los sectores más conscientes de la opinión nacional que venían movilizándose pacíficamente para oponerse a las políticas de retorno a la guerra y de otras medidas antidemocráticas del gobierno actual.
La recuperación a la vida comunitaria normal, es de esperar que permita retomar las banderas que las mayorías ciudadanas levantaron el año pasado, y que conduzca a la generación de un gran movimiento que tenga como objetivo agendar como propósito nacional la reconquista de una paz duradera con progreso social.