CONTRATISTAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS OBLIGADOS A MARCHAR

Por: Rosember Rivadeneira Bermúdez.

Genera indignación y tristeza el lamentable tratamiento al que se encuentran sometidos los empleados y contratistas de las administraciones territoriales del Magdalena.

La voz de lamento de los servidores públicos y contratistas deja a su paso la queja pública respecto al acoso permanente del cual son objeto, al ser espiados en sus redes sociales personales con el propósito de constatar el respaldo y la incesante labor de magnificación del ego de los dirigentes que, indiscutiblemente, deben padecer gravísimas patologías mentales.

No ha sido suficiente con someterlos a extensas e infructuosas jornadas de trabajo, cercenar su derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, exigirles la publicación de contenidos políticos generadores de odio, obligarlos a aplaudir en redes sociales a los mandatarios, a comentar acaloradamente las publicaciones de los legítimos opositores, y a concurrir a las marchas acompañados con amigos desocupados y familiares cercanos, sino que ahora se les arrebata una porción de los ingresos que el pueblo les cancela por los servicios prestados, los cuales se destinan a cubrir los gastos de transporte, adquisición de vestuarios con los colores distintivos del colectivo político, alimentación y refrigerios con ocasión a las marchas promovidas para desestabilizar la institucionalidad.

Poseídos por el dolor, expresan que, previo al proceso de vinculación, se les advierte que la prioridad es la exaltación del líder y el cumplimiento de los objetivos del movimiento. Por ello, una vez que han sido instalados en sus cargos y asignadas sus actividades, son convocados con premura, los obligan a concentrarse en determinados sitios de las ciudades, otros se ven forzados a trasladarse desde municipios remotos hasta la capital del Departamento, los agrupan como si fueran animales de potrero, según la sección administrativa en la que se desempeñan, les entregan pancartas y un libreto que deben vociferar como leones rugientes durante la marcha, siendo posteriormente fotografiados vistiendo las camisas y gorras con el color del movimiento para ser exhibidos en las redes sociales. El siguiente pretendido es comentar y compartir entre todos para volverse tendencia en la web. Es el sacrificio que se exige, con el que se prueba la lealtad hacia el verdugo y la indigna prenda de garantía para permanecer vinculados a la función pública.

La realidad expuesta permite evidenciar que los movimientos de protesta, presentes en el Magdalena y en el Distrito de Santa Marta, no han surgido espontáneamente y, por tanto, distan de representar el sentir de un pueblo. Irónicamente, es la administración central marchando en contra de sí misma y culpando a otras instituciones por sus deficiencias, improvisaciones e incompetencias.

Se trata de empleados públicos y contratistas que, abandonando el cumplimiento de sus deberes, son exhortados y arrastrados por sus jefes inmediatos para inmiscuirse en actividades de proselitismo político, circunstancia reprochable desde el punto de vista disciplinario, y a la cual se someten por temor a perder el favor de quien administra los recursos públicos a su antojo, bajo la voz inerme y la vista ciega de los entes de control.

Se trata de marchas desprovistas de un fundamento ideológico plausible, pues se encuentran contaminadas por factores personales, económicos y egoístas.

Desde la academia se observa, indaga e investiga si al personal lo vinculan en atención a sus competencias profesionales, o bien porque creen que padecen de alguna deficiencia psicológica que los priva de la razón y los conduce a obedecer ciegamente, a renunciar mansamente a sus derechos fundamentales, a su honra, dignidad y decoro profesional. Se trata de jóvenes seducidos a los que se atrae mediante el cebo de unos honorarios discordes a su nivel de formación, y del cual, inexplicablemente, se dejan arrebatar una porción para el logro de las metas de un movimiento que ha logrado, hasta el día de hoy, engañar de manera exitosa e impune a la ciudadanía.

Me niego a creer en la existencia de una educación superior, pública o privada, que profesionalice a las personas para dejarse instrumentalizar, para servir de marionetas parlantes de un ventrílocuo político, y mucho menos para resignarse a que les arrebaten el fruto de su trabajo.

En el fondo del alma nuestros empleados y contratistas son conscientes de que están cosificados y que en cualquier momento serán desechados, tal y como ha ocurrido con otros que en el pasado se exhibían como feroces defensores de lo indefendible.

Respetando, desde luego, la percepción de quien razone en sentido contrario, mi opinión se orienta a considerar que los militantes de este movimiento son ovejas seducidas, que han sido colocadas en un corral para ser alimentadas con el pasto del odio y la obediencia, y cuya utilidad es servir de presa para alimentar el ego del lobo que las dirige. No advierten que, al igual que al pueblo, están siendo devorados.

Señores, empleados públicos y contratistas, la educación es un instrumento de liberación, es el fuego que consume las cadenas de la esclavitud y el sometimiento. Lean nuevamente sus diplomas para que adviertan que ustedes no invirtieron tiempo y dinero para ser esclavos, y mucho menos para defraudar a sus padres mediante la degradación de las futuras generaciones. Exijan respeto por su dignidad.

Por otra parte, es preocupante que gran parte de la población contemple inerme cómo se ha agudizado la degradación política de los Magdalenenses, por cuenta de un movimiento político que no cesa en la realización de actividades de proselitismo político, de división y confusión, y las cuales emplea como tácticas eficaces para contener el levantamiento popular de retoma del poder.

Señores mandatarios, ciertamente ningún colombiano se complace con la corrupción, con la pérdida de los recursos públicos, con las obras inconclusas y, en fin, con ese extraño fenómeno de estancamiento económico de la sociedad y enriquecimiento simultáneo del dignatario. Estas problemáticas sociales no han desaparecido, pero se le abona al movimiento político del presente, la infantil e indefendible estrategia de hacerle creer a la población que todo se debe a los de antes, pese a que han permanecido en el poder por más de 10 años, manejando el presupuesto de los samarios y magdalenenses a su antojo.

¿Continuaremos en esta prisión ideológica? El pueblo tendrá la última palabra. Pagará el precio de su necedad o recibirá la recompensa por su acto de proeza.