• Columna 7

COLOMBIA: ¡OJO AL 2022!

Por: Rafael Porto C.

Panorama actual


En muchos países del mundo la democracia se encuentra en estado de coma y Colombia no es la excepción. El país atraviesa por una crisis sanitaria, económica y social nunca antes vista resultado de la pandemia que azota al mundo. A raíz de la declaratoria del estado de emergencia (art. 215 C.N.) el gobierno actual ha desplegado decisiones que afectan profundamente el Estado de derecho.


Claramente el poder se ha concentrado en el Presidente de la república el cual ha dictado decretos legislativos que limitan derechos fundamentales que escapan al control constitucional. Las facultades extraordinarias han profundizado las brechas de desigualdad social. El presidente Iván Duque gobierna por decreto y sin control político que es lo más preocupante. En 29 años de vigencia de la Constitución de 1991, se expidieron 270 decretos en estados de excepción. El actual gobierno, en sólo 60 días, ha expedido 164 decretos excepcionales.


Intranquiliza la inclusión al ordenamiento jurídico mediante decreto temas en materia laboral (D. 1174 de 2020), que permite contratar por horas a personas que ganen menos del salario mínimo, asuntos pensionales, crediticios, comerciales, de bienes, de familia, de rentas, de tributos, etc. Algunos sin relación de conexidad basándose en el estado de emergencia producto del Covid-19. Mediante el Decreto 811 de 2020 declarado inexequible por la Corte Constitucional en días pasados, el Gobierno se encontraba habilitado para comprar acciones en cualquier empresa en riesgo en el marco del Estado de Emergencia y luego enajenarlas.


Ahora bien, existe una concentración de poder nunca antes vista, que además de ser ineficiente es discriminatoria. Los órganos de control (Contraloría, Defensoría, ahora último la Procuraduría) apuntan a ser un ministerio más del gabinete presidencial por la cercanía de sus titulares con el jefe de gobierno. Ni hablar de la Fiscalía que está en cabeza de Francisco Barbosa, amigo íntimo del presidente Iván Duque.


El Congreso ha sido confinado a la virtualidad, lo cual debilita o anula el control político. La situación actual elimina las garantías de la oposición e impide la construcción de soluciones en el momento más difícil del país. El funcionamiento del legislativo mediante una plataforma tecnológica anula el equilibrio de poderes.


Por otra parte, vislumbramos en la conducta del gobierno frente al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, un golpe al Estado de Derecho, al principio de separación de poderes y a nuestra frágil democracia.


En una entrevista le preguntan al presidente Duque: ¿Por qué el gobierno no acata el fallo de la CSJ? A lo cual responde: “Tenemos que considerar varias cosas, este no fue un fallo unánime, este fue un fallo que tuvo dos salvamentos de votos. En los dos salvamentos hay elementos que merecen una revisión de la Corte Constitucional”.


Los fallos se pueden controvertir pero se deben acatar, esto es, se deben cumplir así no se esté de acuerdo. ¿Cuál es el mensaje que brinda el gobierno a la sociedad al no cumplir con el fallo de la Corte? El fallo en mención no puede ser impugnado porque la decisión es de segunda instancia, con todo, la Corte Constitucional podrá confirmar, modificar o revocar la decisión. Eventualmente el tribunal Constitucional la podría seleccionar para su revisión, lo cual fue solicitado por el gobierno, pero mientras eso sucede se debe acatar la orden de la Corte. Su cumplimiento no depende si hubo dos salvamentos de voto. Desconocemos de donde saca el presidente de la república esa exótica teoría.


Respecto al mismo fallo el ministro Carlos Holmes Trujillo dice que lo acató, pues ya había pedido perdón 11 días atrás. El supuesto perdón ofrecido por Holmes Trujillo no puede aplicarse al caso concreto o ¿puede aplicarse en cualquier tiempo? Para ser mas claros, el perdón ofrecido el 11 de septiembre se llevó a cabo en virtud del los hechos del 9 y 10 de septiembre relacionados con la muerte del ciudadano Javier Ordoñez donde se desató una ola de violencia en la ciudad de Bogotá. El fallo en cuestión le ordena al ministro pedir perdón por los hechos acaecidos en noviembre de 2019 donde resultó muerto el joven Dilan Cruz a manos del ESMAD y por todos los abusos policiales desde el año 2005. El perdón ofrecido no es válido y en consecuencia está en desacato. Lo que podría recaer sobre el ministro es una sanción pecuniaria y arresto de hasta seis meses. Su actitud es arrogante y su falta de empatía no ayuda en lo absoluto.


La muerte de Juliana Giraldo el pasado jueves a manos de un soldado de 19 años quien disparó su fusil en el Cauca atiza aún más la relación entre la fuerza pública y los ciudadanos. El pueblo quiere y exige paz, de manera que el gobierno debe avanzar en ese sentido. Es hora de implementar de una buena vez– nos agrade o no– los acuerdos de la Habana.

¡Ojo al 2022!


“El país está polarizado”. Expresión que venimos escuchando hace más de dos décadas. El problema no es ser de izquierda o de derecha, el asunto radica en que los diferentes actores políticos nos quieren divididos. Ellos son el problema. En Colombia estamos tan mal que aún existen los caudillos. La disputa entre la izquierda y la derecha causa profundo daño a la democracia.


Tales ideologías nos mantienen en conflicto permanente y lo hacen premeditadamente para mantenernos en “guerra”, recordemos la máxima atribuida al emperador romano Julio César y que el corso Napoleón también empleó: "divide y reinarás". Los ciudadanos hemos caído en el juego sucio de la politiquería. Nos tratan como idiotas útiles. Nos necesitan indignados, enfrentados y con la moral por el suelo para alcanzar sus propósitos, nos utilizan y a veces no nos damos cuenta. Somos marionetas de una obra de teatro llamada Robombia. Sí, Robombia porque tristemente el país está diseñado para robar.


Somos una vergüenza internacional por ser el país más corrupto del mundo y uno de los más desiguales. Increíblemente Colombia es el único Estado del mundo donde el Fiscal anticorrupción es llevado a la justicia precisamente por corrupción. Luis Gustavo Moreno exfiscal anticorrupción fue condenado por la justicia estadounidense a cuatro años y 10 meses de prisión.


No es que estemos en contra de estas ideologías (izquierda y derecha), sencillamente consideramos que debemos elevar nuestra conciencia y no caer en el círculo vicioso del ataque personal propio de la época de “la violencia” donde liberales y conservadores se enfrentaban a muerte. El llamado es a estar por encima de cualquier ideología. La ideología que debe imperar en Colombia es la de la supremacía del bien común, la protección de los derechos humanos y la búsqueda incansable e inmarcesible de la felicidad.


Finalmente, llama poderosamente la atención la complacencia y complicidad de una parte del pueblo al momento de elegir a los gobernantes. También somos parte del problema así que ¡ojo al 2022!, cuidado con elegir gobiernos ineptos, indolentes, demagogos, incendiarios e incompetentes. Aplica para la izquierda y para la derecha.

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