Por: Rafael Porto C.
El pasado 5 de febrero se conmemoraron los 30 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual daría origen a la Constitución Política que hoy nos rige. Es de suma importancia conocer algunos antecedentes históricos, políticos, jurídicos y sociales que rodearon el nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente.
Al inicio del último cuarto del siglo XX, era notorio el deterioro del sistema político institucional colombiano. El Frente Nacional había logrado que se superara la violencia entre los dos partidos tradicionales pero había debilitado el sentido de la democracia. La reforma constitucional de 1968 había hecho del Congreso un actor secundario en el proceso de la toma de decisiones, lo que convirtió a los partidos políticos en entidades que marchaban al ritmo del gobierno de turno, reclamando contratos oficiales y cuotas burocráticas–práctica que hoy subsiste–, además, se creó una alianza entre los organismos de fiscalización y el Congreso, en especial entre la Contraloría General de la República y la Cámara de Representantes, lo que propició actos de corrupción.
La convocatoria a un plebiscito
El presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) se dirigió al país el 20 de enero de 1988, propuso en una carta publicada en el diario El Espectador un plebiscito para derogar la norma que prohibía acudir directamente al pueblo para reformar la Constitución de 1886, artículo 13 del Acto Plebiscitario de 1957, lo que abría el camino para una reforma por la vía del referéndum. El presidente Barco planteó la iniciativa de utilizar las elecciones del 13 de marzo de ese año, en las que por primera vez se elegían alcaldes por votación popular, para que mediante papeletas separadas los ciudadanos se pronunciaran sobre la derogatoria del citado artículo.
La iniciativa tuvo amplia acogida en diversos sectores nacionales, no obstante encontró oposición de un grupo del conservatismo que temía que favoreciera electoralmente al Partido Liberal. Virgilio Barco cedió ante la presión conservadora, desistió de su propuesta y dirigió sus esfuerzos a la búsqueda de un compromiso político concertado, sin renunciar a la idea del referéndum.
Acuerdo de la Casa de Nariño
El 20 de febrero de 1988, el presidente Barco firmó un convenio con el expresidente conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), llamado Acuerdo de la Casa de Nariño, que obtuvo el apoyo del Partido Liberal, el Conservador, la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo. En dicho documento se decidió la creación de una comisión pluripartidista de reajuste institucional que debía preparar un texto de reforma constitucional para ser sometido a la consideración del pueblo colombiano mediante referéndum.
El Acuerdo fue anulado por el Consejo de Estado el 12 de mayo de 1988, al considerarlo un acto administrativo preparatorio que violaba la Constitución. La mayoría de la opinión pública reaccionó indignada ante esa decisión judicial, la que fue acusada por un número importante de juristas de extralimitación de funciones, debido a que el acuerdo no era un acto administrativo sino un acto político, no revisable por la jurisdicción contencioso administrativa. El Consejo de Estado frustró de esa manera un nuevo esfuerzo democrático para reformar la Constitución colombiana.
El Proyecto de Acto Legislativo
El presidente Barco siguió insistiendo en la reforma constitucional. Ante el fracaso de los dos esfuerzos anteriores, decidió acudir al Congreso y presentar un proyecto de Acto Legislativo que recogía, en lo fundamental, los puntos programáticos consignados en el acuerdo de unidad liberal firmado en 1987 entre Luis Carlos Galán, jefe del Nuevo Liberalismo, y Hernando Durán Dussán, presidente del directorio liberal oficialista. El proyecto, que incluía nuevos mecanismos de reforma constitucional, fue presentado al Congreso por el entonces Ministro de Gobierno, César Gaviria Trujillo.
Vale la pena mencionar los puntos más importantes del proyecto, ya que en su gran mayoría fueron incorporados en la Constitución de 1991:
1. Nuevos principios acerca de los derechos humanos.
2. Creación del defensor cívico para proteger los derechos ciudadanos.
3. Restablecimiento de la figura del vicepresidente la República.
4. Doble vuelta para elección presidencial.
5. Reconocimiento y financiación de los partidos políticos.
6. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
7. Regulación del Estado de Sitio.
8. Reformas a la administración de justicia que incluían la creación de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Administración de Justicia, la supresión de la cooptación, el carácter vitalicio y la paridad política en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado, y la posibilidad de crear la Corte Constitucional.
9. Participación en el Congreso de fuerzas políticas minoritarias.
10. Sistema uninominal para la elección de representantes a la Cámara.
11. Establecimiento de un Tribunal de cuentas en reemplazo del Contralor General.
12. Ampliación de la participación ciudadana a través de mecanismos como la iniciativa popular legislativa y la consulta.
13. Nuevos procedimientos de reforma constitucional como el referéndum y la asamblea constitucional.
Se debe advertir que el proyecto sufrió una alteración en la Cámara de Representantes, pues algunos congresistas le agregaron una norma que prohibía la extradición de nacionales, arma que venía usando el gobierno en su lucha frontal contra las organizaciones criminales. Evidentemente, la introducción de la nueva norma favorecía los intereses de los carteles de la droga, lo que produjo el rechazo del gobierno y de gran parte de la opinión pública. Ante la imposibilidad de recomponer el proyecto que estaba cerca de su aprobación final, el presidente Barco solicitó su archivo definitivo el 13 de diciembre de 1989, lo que produjo una inmensa y profunda consternación nacional. Ese habría de ser el último intento de reforma de amplio espectro de la Constitución de 1886.
Cabe mencionar que un acontecimiento importante que antecedió a la Asamblea Nacional Constituyente y por ende a la Constitución de 1991 fue el homicidio del liberal Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989. La nueva Carta política surgió en una difícil coyuntura histórica como resultado de un dinámico y complejo proceso socio político. Al desgaste institucional se había sumado el violento protagonismo del narcoterrorismo con su ola de crímenes, intimidaciones y escandalosos actos de corrupción. Magistrados, jueces, periodistas y candidatos presidenciales perdieron la vida a manos de sicarios por órdenes de los capos del narcotráfico, encabezados por Pablo Emilio Escobar Gaviria, que habían decidido penetrar el poder político y todos los estamentos del Estado. Su principal enemigo en la arena política era el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, fundador y líder del Nuevo Liberalismo, movimiento que había regresado al seno del Partido Liberal tras el acuerdo programático firmado en 1987. Se puede decir que su homicidio en la noche del 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca) fue lo que desbordó la insatisfacción popular en todo el territorio nacional.
Con el homidicio de Luis Carlos Galán quedaron frustradas las ílusiones de millones de colombianos que habían acogido con entusiasmo las banderas de transformación social y política que venía agitando desde hacía varios años el líder del Nuevo Liberalismo. Su liderazgo había crecido de tal manera, que muy pocas perosnas dudaban de que sería elegido Presidente de la República en 1990.
Expresa Vila (2018) que un sentimiento combinado de dolor, rabia y frustración se apoderó de los colombianos. La reacción popular no se expresó, como primero se temió, en desórdenes, destrucción y saqueos. Por el contrario, se tradujo de manera proactiva en un amplio movimiento popular que iniciaron los estudiantes en Bogotá y se extendió por todo el país con caudalosas movilizaciones bajo la consigna “Todavía podemos salvar a Colombia”, movimiento que se trazó como objetivo central hacer posibles las reformas institucionales que el país requería y que Galán se había propuesto realizar.