Por: Diego Duque Zuluaga.
Hace días fuimos sorprendidos con una de las más grandes y polémicas noticias en la historia reciente de nuestro país, para algunos significó la victoria en materia de los derechos reproductivos de las mujeres y para otros, marcó una derrota y un duro golpe a la moral y los valores tradicionales. El 21 de febrero del presente año, la Corte Constitucional falló a favor de la sentencia C-055 mediante la cual, con efecto inmediato, el aborto quedó totalmente despenalizado en las primeras 24 semanas de gestación. Manteniendo únicamente estos efectos en el último trimestre para quienes cumplan con alguna de las tres causales que ya existían desde el 2006.
Esta decisión coloca sobre la mesa una sola realidad, la maternidad en Colombia será deseada o no será; lo cual resulta sorprendente en un país mayoritariamente católico y conservador, donde la mayoría de decisiones que se toman, llevan un tinte, ciertamente confesional, las cuales van dirigidas a proteger y mantener intereses u opiniones de grupos específicos, usualmente acomodados y anclados en las urbes y de rasgos patriarcales; desconociendo así históricamente realidades diversas de millones de colombianas que día a día se enfrentan a la persecución, judicialización e incluso a la misma muerte por ejercer un derecho que solo le concierne a ellas.
Y es que no es necesario ser feminista o ubicarse en el extremo del espectro político para lograr empatizar con su lucha; puesto que, si echamos un vistazo a las cifras, según la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia cada año se abren aproximadamente 400 casos en contra de mujeres que han tenido abortos o contra quienes les ayudan, y al menos 346 personas, según datos de esta misma oficina, han sido sentenciados en casos de esta naturaleza desde el 2006.
Casi todas las investigaciones relacionadas con estos abortos han sucedido en zonas rurales e involucran a menores de hasta 11 años según los investigadores de Causa Justa, lo que desenmascara una muy triste y cruda verdad; en Colombia el acceso al aborto técnico y seguro es limitado y desigual, a pesar de estar despenalizado en tres circunstancias. No en vano la Fiscalía General de la Nación determinó que alrededor del 34% de las mujeres y niñas que fueron investigadas penalmente por abortos entre 1998 y 2019, se desempeñaban como trabajadoras del hogar.
Además de ello, según estudios del instituto Guttmacher, organización que promueve los derechos reproductivos, en 2013, el 33% de las mujeres que tuvieron abortos clandestinos en el país sufrieron complicaciones por lo que fue necesario atención médica y que, entre las mujeres de bajos recursos en zonas rurales, ese índice era de hasta el 53 %. Asimismo, según el Ministerio Colombiano de Salud los abortos clandestinos causan alrededor de 70 muertes al año.
Es decir, el anterior panorama de criminalización del aborto era generador de un sistema de dos niveles; uno para las mujeres más acomodadas quienes vivían en la ciudad, que contaban con las herramientas necesarias para acceder a un aborto seguro, inclusive y si fuera necesario recurriendo a las excepciones previstas en la ley, mientras otro para las más pobres, con menos educación y medios para hacerlo; dejándolas doblemente vulnerables, desprovistas de algún tipo de opción más allá de los abortos clandestinos, condenándolas a una exposición inminente a la muerte y como cereza del pastel si sobrevivían a este, a una persecución legal.
Ha de enfatizarse en la desinformación entorno a este asunto y que, desafortunadamente es ampliamente promovida en medios de comunicación y redes sociales, multiplicado a su vez por el voz a voz de quienes creen tener la potestad de opinar e intervenir en las decisiones de otro individuo, reproduciendo ideas erradas como que 24 semanas de gestación son 6 meses, o que el hecho de que el Estado colombiano haya despenalizado el aborto es sinónimo de promoción e invitación para abortar, con ello, se sataniza el asunto y van defendiendo básicamente la idea de un nacimiento a toda costa, dejando de lado el entorno adverso donde crezca la criatura, pues, lo que pueda pasar en adelante, ya no es su problema, no importa como viva, lo importante es que nazca.
Lo innegable de la temática, es que el debate nunca ha sido desde cuando empieza la vida, o temas similares, todo gira en torno a un asunto más ético-moralista que no debería ser el centro del debate. Es menester dejar claro, que el hecho de criminalizar el aborto, no reduce el número de los mismos, solo hará más difícil que una persona acceda a un procedimiento médico, porque eso es, al que naturalmente deben tener derecho, haciendo que, en últimas lo que se penalice sea la falta de recursos, la pobreza, la ignorancia y la falta de educación sexual que abunda en nuestro país.
Entonces, si analizamos los índices y contextos no resulta sorprendente que tales barreras afecten principalmente a las mujeres de zonas rurales y remotas, las mujeres con escasos recursos económicos, las adolescentes, las mujeres y las niñas que viven en situaciones de conflicto armado o de otros tipos de violencia de género como la sexual o la física, por lo que resultaba tremendamente injusto y de ahí lo relevante de la decisión en comento; hacer del procedimiento un crimen en la mayoría de las circunstancias.
Por otra parte, según lo expuesto por la organización “Causa Justa” la penalización del aborto incidía de manera tan negativa que tendría un efecto disuasorio, sobre las mujeres para solicitarlo en centros médicos legales aun cuando tenían el derecho legal a someterse al procedimiento en virtud de alguna de las causales ya hace tiempo reconocidas, ya sea por las negativas y trabas institucionales, por la estigmatización causada o por temor de que fueran procesadas, por lo que recurrían a alternativas ilegales. Finalmente, el sentimiento era que la existencia de una sanción ética o penal ocasionaba que los profesionales de la salud se rehusaran a realizar el procedimiento a mujeres que sí califican para recibirlo coartando así materialmente el ejercicio de un derecho legalmente reconocido.
Es así entonces que esta decisión del alto tribunal significará un alivio para todas esas mujeres en situación de desprotección y vulneración sistemática, debido a que tratar el aborto como delito no reduce esta práctica ni la elimina, por el contrario simplemente impide que las mujeres y niñas cuenten con acceso a una atención esencial en salud, poniendo en riesgo sus vidas, y vulnerando derechos fundamentales como el de la dignidad humana, la salud y la vida misma, sumándose ello al menoscabo a la posibilidad de los trabajadores del sector salud de llevar a cabo su labor, con integridad, sin miedo, y sin comprometer la vida de las pacientes.
En definitiva, un aborto debe realizarse tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario. Únicamente la persona que decide abortar sabe qué es lo mejor para su vida, y el porqué de su decisión, así que nadie más deberá o podrá tomar en su lugar esa decisión y mucho menos juzgarla. Las personas con capacidad gestante abortan, han abortado y abortarán siempre, pero esta sentencia permite que lo hagan de forma digna, segura y reparadora. La maternidad forzada tiene que dejar de ser una condena para mujeres y niñas, y esta sentencia abre la posibilidad a la implementación del servicio sin trabas para que quienes quieran ser mamás puedan hacerlo en sus términos y cuando así lo deseen.