Por: Álvaro Echeverri Uruburu.
Sin duda, días después del triunfo electoral de Gustavo Petro, el ambiente enrarecido y de agria confrontación que caracterizó la larga campaña presidencial, amainó considerablemente, generándose una atmósfera de expectativas y optimismo hacia el nuevo gobierno del candidato ganador.
A ello contribuyó, sin duda, la aceptación por parte de varios partidos políticos de Ingresar a un gran acuerdo por el cambio propuesto por Petro desde la misma noche en que celebró su victoria electoral.
Algunos sectores del movimiento del Petro que lo llevó a la Presidencia, “el Pacto Histórico”, aquejados de lo que Lenin llamó “el extremismo de izquierda, enfermedad infantil del comunismo”, han visto con reserva estos apoyos de los partidos de la derecha, que, además se han declarado “partidos de gobierno” de acuerdo al estatuto de la oposición, es decir, que teóricamente están dispuestos a respaldar las iniciativas del gobierno Petro.
La reticencia de los grandes gremios de la producción con respecto a un nuevo gobierno, encabezado por un hombre con una larga e inequívoca tradición de izquierda, pareció atemperarse gracias a la designación en el Ministerio de hacienda de José Antonio Ocampo, reconocido economista quién durante varios años trabajó como investigador en la universidad de Columbia al lado del premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, crítico permanente del Fondo Monetario Internacional y de la creciente desigualdad de las economías capitalistas.
Otros nombramientos no contaron con la misma aceptación, como en el caso del Ministro de defensa, doctor Iván Velázquez, gran jurista e investigador de la posible relación entre miembros de la clase política y los grupos paramilitares, pero un fuerte crítico de las Fuerzas Armadas por el compromiso de muchos de sus miembros con grupos ilegales de extrema derecha.
Tanto este nombramiento, así, como la elección de Petro de Presidente que lo convirtió por mandato constitucional en comandante supremo de las fuerzas militares, puso a prueba la lealtad de estas con el orden jurídico del país, que sin duda logró salir avante en contra de algunos sectores que todavía sueñan con un golpe militar, como el ex senador del Centro Democrático, Ernesto Macías.
Algunos nombramientos del presidente en otros cargos, como en el Bienestar Familiar o en la Secretaría de la Prosperidad social, han despertado inquietudes e incluso inconformidad de algunos dirigentes del “pacto histórico”, por considerar que los elegidos, dado su trayectoria profesional, política y su procedencia de los partidos políticos tradicionales, no representan los propósitos de cambios del gobierno.
Ahora bien, desde el comienzo el Presidente Petro ha demostrado que ha llegado a gobernar- más allá del anecdótico episodio de la espada de Bolívar-, para sentar las bases de las grandes transformaciones que el país necesita. Así, en este primer mes de gestión ha efectuado numerosos anuncios acerca de lo que su gobierno se propone realizar (cambios en la extradición, en su política con Venezuela, en las pensiones, en la estrategia para la elaboración del Plan de Desarrollo, etc.). Pero, además presentando un buen número de proyectos de ley, con la clara intención de que resulten aprobados durante su primer año de gobierno.
Primero ha sido la Reforma Tributaria que tiene como objetivo recaudar 25 billones de pesos, poniendo a tributar a las grandes fortunas en condiciones de equidad y suprimiendo el cúmulo de beneficios y exenciones que la legislación tributaria de los anteriores gobiernos ha establecido a favor de los grandes capitales.
De acuerdo a sus anuncios de campaña, Petro ha proclamado la necesidad de alcanzar una “Paz total”, abriendo negociaciones con todos los agentes de violencia. Para estos efectos, los Ministros del Interior y de Defensa han presentado un proyecto de ley encaminado a modificar la Ley 418 de 1973 sobre Orden Público, que sirva de herramienta legal para iniciar procesos de diálogo con los grupos armados que operan regionalmente y que conduzca a su desmovilización.
La reforma política, que igualmente hacía aparte de las promesas de campaña, hasta ahora se ha reducido a un proyecto de ley de modernización del Sistema Electoral presentado por el Registrador del Estado Civil y al cual el gobierno le ha dado su aval; de otra parte, algunos parlamentarios del Pacto Histórico han presentado un proyecto que propone algunos cambios en el Congreso y en la actividad de los partidos políticos, que parecen bastante modestos y que ha sufrido muchos cambios desde la propia Casa de Nariño.
Con el claro propósito de darle cumplimiento al primer punto del acuerdo de paz firmado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, con las FARC con respecto a la solución del problema agrario y que el gobierno anterior se negó a darle cumplimiento, la Ministra de Agricultura ha presentado un proyecto de Reforma Constitucional que busca crear la Jurisdicción Agraria, sería mejor decir, restablecer, puesto que ésta ya existía y debió su origen al gobierno de Alfonso López Pumarejo.
Pero, al tiempo que el gobierno de Gustavo Petro muestra su inequívoca voluntad de cumplir con las esperanzas y expectativas de las mayorías que lo eligieron, los problemas del país- los de siempre y los nuevos- se han venido agudizando.
En las ciudades como Bogotá y Medellín, ha hecho su aparición una macabra y despiadada delincuencia, que convive con la más tradicional ya, del atraco callejero o del asalto a restaurantes y sitios de reunión, que afectan al ciudadano común, generando una sensación de amenaza e seguridad permanentes.
En el campo, dónde las distintas organizaciones armadas ilegales siguen operando (ELN, disidencias de las FARC, “Nueva Marquetalia”, grupos violentos al servicio del narcotráfico), provocando crímenes contra la fuerza pública como el asesinato de 7 policías en el Departamento de Huila el 4 de septiembre último; la lucha de las comunidades indígenas por la recuperación de sus tierras (arrebatadas en distintos procesos expropiatorios a lo largo de los siglos XIX y XX), ya no solo se dirige contra los terratenientes en el norte del Cauca, sino que viene afectando a las poblaciones afro, que caen en el desempleo cada que un grupo de indígenas se apodera de las tierras pertenecientes a los ingenios azucareros de la región, que por tal motivo se ven obligados a abandonar la producción. La confrontación entre las dos etnias ha alcanzado niveles de violencia intolerables.
Problemas antiguos, como el alza constante de los precios de la energía en todo el país, pero que afecta de manera particularmente a la región Caribe, han tenido que ser enfrentados, mediante acuerdos entre los generadores y las empresas distribuidoras de energía que se espera se verán reflejados en los próximos cobros a los usuarios.
Un problema que le ha explotado al gobierno del Presidente, tiene que ver con el déficit de 35 billones de pesos del Fondo de Estabilización de los precios de la gasolina y derivados a través del cual se financia un subsidio que permite mantener bajos los precios de estos combustibles y que necesariamente va a conducir al aumento gradual de sus precios, para afectar lo menos posible a las personas y a la economía general del país, pero que sin duda, generará mucho descontento en la población.
Tanto los problemas estructurales de vieja data, así como los que han venido surgiendo en los últimos tiempos, plantean serios retos con respecto al cumplimiento del programa de gobierno que como el mismo mandatario lo dijo, no se podrá realizar en su integridad durante los 4 años de su mandato y si, tan solo comenzar a realizarlo, sentando las bases para darle continuidad.
Si bien, en un sistema democrático, todos los sectores sociales y en particular la oposición al gobierno- en nuestro caso la extrema derecha desplazada del poder- tienen derecho al ejercicio de manifestarse en contra de las políticas del gobierno de turno, resulta de una irresistible hilaridad que dicha corriente política cite a la ciudadanía para el 26 próximo de septiembre a fin de protestar porque la Reforma Tributaria propuesta por la administración Petro pretende que las grandes fortunas de este país tributen en proporción a su riqueza (los pobres protestando por los impuestos que deben pagar los ricos) o peor aún, busquen movilizar a la gente apelando a la mentira, lanzando la especie de una supuesta reelección presidencial contenida en la Reforma Electoral promovida por un personaje tan lejano ideológicamente al “Pacto Histórico” como el actual Registrador.
Frente a los grandes problemas del país y los innegables anhelos de cambios profundos que anidan en todos los colombianos, se impone, por el contrario, un apoyo responsable y crítico al nuevo gobierno.
Dicho apoyo dependerá en buena parte en su capacidad de comunicación con la ciudadanía, no solo visitando las regiones para oír de las comunidades sus necesidades y demandas, sino en las intervenciones televisivas del primer mandatario. Sobre este particular, causó cierto desconcierto la primera intervención del Presidente, que no mencionó para nada los acuciantes problemas que hoy afectan al país, así como no clarificar los anuncios gubernamentales que han generado incertidumbre y los primeros síntomas de inconformidad.
Un modelo de capacidad comunicacional lo ofrecieron las intervenciones televisivas del presidente Carlos Lleras Restrepo, quién precisamente inauguró esta forma de dirigirse a la ciudadanía para explicar los programas y las acciones gubernamentales.
La debilidad en la capacidad de comunicarse con la opinión ciudadana, explica en parte, según los expertos, el pronunciado descenso en la popularidad y respaldo de aquella al gobierno de Gabriel Boric en Chile y que, sin duda, se expresaron en la derrota abrumadora del Referendo Constitucional del 4 de Septiembre último.